Un informe emitido por la Primera Fiscalía de Lavado de Activos (al que tuvo acceso el dominical Cuarto Poder) recomienda la formulación de una acusación constitucional contra Dina Boluarte y el legislador Waldemar Cerrón (PL).
De acuerdo con la tesis fiscal, ambos integrarían (presuntamente) una organización que habría ejercido cierta influencia tanto a nivel del Parlamento como en el Ejecutivo, para la aprobación de leyes a favor de Perú Libre y, al mismo tiempo, entorpecer las investigaciones fiscales que los involucran.
Mediante el informe se indica que la mandataria y el segundo vicepresidente del Congreso constituirían el “brazo legal” de la denominada “organización criminal Perú Libre”. Sus nombres se encuentran incluidos en el documento fiscal de 200 páginas, que fue difundido por Cuarto Poder.
Según el referido dominical, en el citado informe el fiscal a cargo de este caso, Ángel Astocondor, advierte que el partido político Perú Libre “habría aprovechado que el investigado Waldemar Cerrón ostenta el cargo de congresista para que se presenten proyectos de ley que busquen modificar la normativa penal, procesal constitucional, a favor de sus miembros”.
En ese sentido, el fiscal advierte que se habrían registrado una serie de hechos que perjudicaron “el correcto desarrollo de la investigación seguida contra la organización criminal Perú Libre y sus miembros”.
Entre ellas se incluiría la norma que reconoce a los partidos políticos como asociaciones de interés público y que fuera defendida por Cerrón en el Congreso. De acuerdo con Cuarto Poder, con esa iniciativa se evitaba que las agrupaciones políticas sean investigadas como organizaciones criminales. El citado dictamen (sin observación alguna del Ejecutivo) fue promulgada convirtiéndose en la Ley N.º 32054.
También se cuestiona otro proyecto de ley presentado por Cerrón el año pasado, dirigido “a determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal” y que fuera aprobado el pasado 4 de julio por la Comisión Permanente del Congreso.
La referida norma establece, entre otros aspectos, que los allanamientos fiscales deberán ejecutarse con presencia del investigado y su abogado. Según los analistas, mediante dicho dispositivo legal los investigados tendrán aviso respecto al lugar, hora y fecha precisa en la que se producirá la intervención fiscal con lo cual tendrían la oportunidad de esconder pruebas relevantes.
