la urgencia ni la necesidad deben servir para soslayar la transparencia, un convenio gobierno a gobierno per se, no es suficiente.
Bueno, finalmente, el gobierno de la presidenta Boluarte, ha anunciado el inicio de la fase de elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería del Proyecto de la “Nueva Carretera Central”, calificándolo como “el más grande en la historia del Perú”. Inferimos, por sus características técnicas y, obviamente por su costo que, en relación al anuncio de hace tres años, de cerca de 12,000 millones, se incrementa a más de 24,000 millones de soles. Precisando. La nueva infraestructura llegará a La Oroya, no unirá Lima con Huancayo. Tanto el Valle del Mantaro y la Ciudad Incontrastable, tendrán beneficios indirectos.
Cabe mencionar que, pese a su reclamada urgencia desde inicios de siglo, fue postergada, inclusive teniendo una Autógrafa de Ley basada en el PL N° 3354/2001-CR, de nuestra autoría, proponiendo declarar de necesidad e interés público la elaboración del estudio de factibilidad y la construcción del Eje Vial Interoceánico Centro Oriental, y el estudio de factibilidad del gasoducto independiente Camisea-Puerto Rico-Huancayo-La Oroya, lamentablemente observada sin razón técnica ni económica por el presidente Toledo, privilegiando la Interoceánica del Sur. Ahora sabemos por qué.
El anuncio fue esperado, por su importancia en la mejora de la conectividad del centro con la costa del país, ante el colapso de la Carretera Central (CC.CC.) concesionada desde el 2010 a la colombiana DEVIANDES, la eliminación del transporte ferroviario de pasajeros como consecuencia de la Concesión del Ferrocarril Central (FF.CC.) a Ferrovías Central Andina S.A. desde 1999 y, a la parálisis en la ampliación y modernización del aeropuerto de Jauja. Pero también, por ser un ponderable logro de la Comisión Técnica y de la sociedad civil huancaína, que se empeñaron con decisión y dignidad, llevar adelante las gestiones.
En suma, genera ilusión el contar con una nueva vía moderna de cuatro carriles, túneles y viaductos, a la altura de las necesidades y retos para el desarrollo, por lo que se espera que el 2031 como fecha límite, se ponga en servicio. Es el plazo comprometido por las instituciones protagonistas en hacer realidad el proyecto (MTC y la PMO francesa, principalmente). Sin embargo, la urgencia ni la necesidad deben servir para soslayar la transparencia, un convenio gobierno a gobierno per se, no es suficiente.
En tal sentido, garantizando el cumplimiento fluido del cronograma, es necesario que se evalúe los detalles de trazo, por si hay algo que perfeccionar, toda vez que generó controversias técnicas. Así mismo, la estructura de costos para evitar suspicacias y zancadillas y que, la Contraloría, identifique a los responsables -felices en la impunidad- de los millones de soles mal gastados en un Perfil elaborado por el Gore-Junín en el 2017 que, la PMO francesa desestimó por serias deficiencias y no ajustarse a una autopista de primer orden, como era el planteamiento.
Y…, a propósito del acontecimiento del anuncio, no debemos perder de vista la concesión del FF.CC. que hace un cuarto de siglo nos ha quitado el servicio de pasajeros permanente y un atractivo turístico, entre otros factores que ameritan revisar el cumplimiento del contrato que, por ejemplo, según la Cláusula Séptima, inciso 7.7; el 20 de setiembre del 2004 se ha cumplido el plazo para que el concesionario alcance los requisitos y estándares establecidos por la United States Railroad Adimistración (FRA) Class II; lo cual, es una incógnita. Tener en cuenta que tiene un horizonte de 60 años.
De la misma manera, la concesión de la CC.CC. Son tres lustros que opera y es evidente que poco ha servido a la población en general y a los transportistas en general, si tenemos en cuenta la diaria agudización de su colapso y el flujo vehicular que es una mina de dinero por el ingreso mínimo con aval garantizado, que no se refleja en sustanciales mejoras. Su contrato es sospechoso y la implantación de cuatro peajes de los cuales, tres son de cobro directo y uno, el de Ticlio a través del MTC (se supone, con sustento en las fotografías de vehículos que pasan) vehículos) es abusiva y definitivamente antitécnica.
Urge entonces una acción decidida de la sociedad civil, similar a la que gestionó la cristalización de una nueva carretera central, para sentarse en una masa de diálogo entre Estado, Concesionarios y Población a fin de acordar reajustes, en ambos casos, que tiendan a lo justo. La transparencia genera confianza y cuando los congresistas del departamento Junín están ensimismados en quedarse hasta el 2026, la sociedad civil debe pronunciarse.
