Los menores con edades comprendidas entre los 16 y 17 años, que incurran en graves delitos como sicariato, extorsiones, tráfico de drogas, feminicidio y violación sexual entre otros actos delictivos, serán procesados y sentenciados como si fueran adultos y, de ser el caso, recibirán una condena que puede llegar hasta la cadena perpetua.
No podemos taparnos los ojos ante la realidad. Sabemos que los más peligrosos delincuentes utilizan a los menores de edad para cometer el asesinato por encargo, secuestro o narcotráfico, aprovechando su inimputabilidad
Así lo acordó el pleno del Congreso al aprobar (por 57 votos a favor) un dictamen que modifica tanto el Código Penal, como el de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a fin de que se pueda catalogar a estos adolescentes como sujetos imputables dentro del sistema penal.
Al respecto, el autor del dictamen, José Luna Gálvez, dijo que el dispositivo llena un vacío legal existente en el ordenamiento jurídico penal del país, porque en la actualidad las bandas criminales utilizan a adolescentes para cometer graves delitos apoyándose en el hecho que son inimputables.
“No podemos taparnos los ojos ante la realidad. Sabemos que los más peligrosos delincuentes utilizan a los menores de edad para cometer el asesinato por encargo, secuestro o narcotráfico, aprovechando su inimputabilidad; además, hay otros delitos, como el de feminicidio y la violación sexual, debido a su gravedad y su implicancia para la sociedad, merecen un trato diferenciado y sancionar a los menores que los cometen como adultos”, dijo.
No obstante, explicó que el referido dictamen precisa que los internos con edades comprendidas entre los 16 y 21 años, deberán ser separados de los criminales con mayor edad que se encuentran encarcelados. Y añadió que esta medida será aplicada de acuerdo con una serie de criterios que serán aplicados por el INPE.
En esa misma línea, el congresista Alejandro Muñante, dijo que es una realidad en el país, la participación de menores de 16 o 17 años en delitos graves que incluyen asesinatos. Sin embargo y pese a la seriedad del problema, estos terminan siendo sancionados solo como “infractores de la ley penal”.
“Es decir se le da el mismo tratamiento de un niño y eso conlleva a que sean internados en centros juveniles como ‘Maranguita’, donde permanecen hasta cumplir los 5 o 6 años, pero no va a un penal al cumplir los 18 años”, explicó.
LOS OPOSITORES
Sin embargo, la legisladora Silvana Robles expresó su oposición al dictamen, al precisar que, si bien es cierto que hay muchos adolescentes que infringen la ley, “procesarlos como adultos no va a tener resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia”.
Guillermo Bermejo también se opuso al dictamen, al precisar que medidas similares impuestas en otros países, como sucede en el Caso de Estados Unidos, no han funcionado. “Por el contrario, la delincuencia (en el Perú) va a aumentar. Estamos tomando medidas populistas. En este país siempre ha funcionado la inteligencia y el seguimiento”, dijo el legislador izquierdista