ASÍ NO ES, INÉS
Escribe: Carlos Paredes
La decisión de la ex presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, de incumplir el artículo 10 de su Ley Orgánica que la obliga a dejar el cargo a los 75 años, pone en peligro todo lo que resuelva la institución que nombra, evalúa y destituye a todos los jueces y fiscales del país.
Los que asistimos a la caída del fujimorato y posterior juzgamiento de los principales responsables del progresivo envilecimiento de las instituciones en la última década del siglo XX, recordamos con gratitud, y hasta con admiración, a varios magistrados que estuvieron a la altura de su responsabilidad en la hora más oscura del país. Cuando ninguna institucionalidad era posible, ellos aplicaron la ley e hicieron justicia y sentaron las bases para la reconstrucción de nuestra democracia. Entonces, y como nunca había pasado, el sistema de administración de justicia logró tener un subsistema anticorrupción con jueces, fiscales y procuradores preparados, íntegros y, sobre todo, a quienes no les tembló la mano para aplicar la ley que conocían e interpretaban adecuadamente.
Hubo fiscales intachables, valientes, que encontraban la carga de la prueba y denunciaban en tiempo y forma antes de perder el tiempo en histrionismos patéticos, alimentado por la complicidad mediática a cambio de filtraciones que, a la larga, terminar perturbando la acción probatoria. Recuerdo a la impertérrita Ana Cecilia Magallanes, que solo pudo ser vencida por una enfermedad que causó su prematura desaparición. O a los jueces Victoria Sánchez Espinoza, Magaly Báscones Gómez-Velásquez, Saúl Peña Farfán, Carolina Lizárraga, entre otros, y no fueron pocos, que hicieron un trabajo titánico para demostrarnos a los peruanos que el crimen no paga, que los poderosos también podrían responder por sus tropelías aunque se pensaran intocables.
Pero si hubo un tribunal emblemático contra el fujimontesinismo este fue la Sala Anticorrupción conformada por tres mujeres corajudas que sancionaron con entereza la serie de delitos contra los Derechos Humanos y contra el erario público de cientos de exfuncionarios y algunos empresarios cómplices. Esa sala la integraban las juezas superiores Inés Villa Bonilla, su tocaya Inés Tello Valcárcel, e Hilda Piedra Rojas. Ahí están sus sentencias en segunda instancia que convirtieron a San Jorge, la extinta penitenciaría del centro de Lima, en la residencia incómoda y prolongada para buena parte de la clase dirigente nacional en tiempos de Alberto Fujimori. Algunos de ellos, como los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, todavía pasan sus días cumpliendo sus penas, aunque ahora instalados en el penal Piedras Gordas de Ancón.
Recordamos todo esto para hablar de una de ellas, de la doctora Luz Inés Tello Valcárcel de Ñecco, la recordada jueza superior anticorrupción que ha regresado al servicio público como integrante, ex presidenta, de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La doctora Tello dejó el Poder Judicial el 29 de agosto del 2015, después de 39 años, 7 meses y 22 días de labor ininterrumpida. Su hoja de vida dice que empezó como jueza de paz no letrada en su natal Barranca, y se jubiló como juez superior de la Corte de Lima.
Retirada de la labor jurisdiccional, hizo un breve paso por la política activa apoyando decididamente a la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, en segunda vuelta, cuando la otra candidata era Keiko Fujimori, a quien Tello consideraba un peligro desde su experiencia como juzgadora de un cúmulo de delitos cometidos en la gestión de su padre. Cuando se confirmó el triunfo de PPK, Tello fue parte de la comisión de transferencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, incluso se le llegó a vocear como primera ministra de Justicia del nuevo gobierno, pero Kuczynski prefirió nombrar a la joven Marisol Pérez Tello.
Pocos años después, en el verano del 2020, regresó a la actividad pública como una de los candidatos con mayor opción para integrar la JNJ, la institución que ha reemplazado al desaparecido y pútrido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esta novísima institución hace lo mismo que el CNM: controla los sistemas de administración de justicia y electoral. Nombra, evalúa y puede destituir a magistrados de todo nivel del Ministerio Público y Poder Judicial a nivel nacional. También elige a los jefes de dos organismos capitales del sistema electoral (ONPE y RENIEC), y puede destituir a dos de cinco integrantes del Jurado Nacional de Elecciones: a su presidente, que es un juez supremo, y al representante del Ministerio Público, que es un fiscal supremo.
Según el plan de trabajo presentado por la Dra. Inés Tello, cuando asumió la presidencia del JNJ, en enero de este año, desde el primer trimestre de este año, se han retomado los procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales supremos. Solo en la Corte Suprema hay tres plazas que completar con titulares. En el Ministerio Público la situación es más grave, por lo menos tres fiscales supremos han sido destituidos en los últimos meses, quedando despoblada la Junta de Fiscales Supremos, su máximo órgano de gobierno. Deben ser reemplazados por hombres o mujeres fuera de toda sospecha. Tarea más que complicada.
Además, en este 2021 tienen que cubrirse 600 plazas en el Poder Judicial, 278 en la Fiscalía. Hay 700 magistrados que están esperando ser ratificados; para eso deben implementarse seis procesos de ratificación de jueces y fiscales de primera y segunda instancia a nivel nacional. Y como si fuera poco este trabajo, simultáneamente deben resolver 185 procesos disciplinarios desperdigados por todos los distritos judiciales en donde sus denunciantes esperan que hagan algo ante tanta corrupción. Y, algo también pendiente, que en los últimos días ha sufrido una inusitada prioridad, es la resolución de los casos de algunos magistrados sobre los que la opinión publica se mantenía expectante. Los llamados casos emblemáticos, como los fiscales Chávarry, Gálvez y, el recientemente declinante del JNE, Luis Arce. Estos ya fueron resueltos, pero falta la revisión de decisiones del desaparecido CNM, algunas con flagrantes irregularidades en el nombramiento, ratificación, evaluación o procesos disciplinarios de los amigos de los “hermanitos”.
Todo este plan de trabajo que se ha propuesto realizar la presidenta de la JNJ podría ser impugnado legalmente porque ella, Inés Tello de Ñecco, debió cesar al cargo el 10 de setiembre del año pasado (2020), pues ese día cumplía 75 años. Así lo establece de manera inequívoca el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (Ley N° 30916, promulgada por Martín Vizcarra el 13 de febrero del 2019).
Esta situación no es una sorpresa ni para la Dra. Tello ni para la JNJ. Desde que ella pasó por la entrevista personal pública y grabada ante la Comisión Especial como candidata al puesto, el entonces presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, al comentar sus planes de trabajo tan ambiciosos, a implementarse en cinco años, le hizo saber que, por su edad, de ser elegida miembro del JNJ, solo tendría 8 meses de gestión. Tello dijo en aquella oportunidad que ella le había dado otra interpretación al artículo 10 de la Ley Orgánica del JNJ. Según su particular interpretación el requisito de mínimo 45 y máximo 75 años es para ser elegido, no para ser miembro. Sin embargo, el artículo 10 dice textual e inequívocamente “Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia”; no para ser elegido, sino no habría tope de edad para el ejercicio de ese cargo.
la Dra. Tello está abriendo una inmensa puerta falsa que podría echar por la borda sus buenas intenciones, su trabajo liderando la JNJ, y todo lo que se resuelva en esta institución capital para empezar a fumigar el sistema de administración de justicia en todo el país.