Solo eso nos faltaba. Dina Boluarte pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que frene el proceso de acusación constitucional que se le sigue en el Congreso, por haber transgredido la Carta Magna al haber realizado gestiones como representante legal del Club Departamental Apurímac en momentos en que ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, pese que la Constitución se lo prohíbe expresamente.
Boluarte enfrenta a la fecha un proceso de acusación constitucional por los presuntos delitos de omisión y aprovechamiento indebido del cargo.
Mediante un documento enviado a la CIDH por su abogado, Alberto Otárola, la vicepresidenta solicita medidas cautelares para salvarse de las denuncias constitucionales presentadas en su contra, las mismas que ya han sido declaradas procedentes por la Comisión Permanente del Congreso.
Como sustento de su pedido, Boluarte asegura que el proceso de acusación constitucional en su contra se fundamenta en la presunta intención de la oposición parlamentaria de “hacerse del poder y revertir la derrota electoral». De igual manera acusa al Congreso de no observar el debido proceso.
La titular del Midis afirma también- a través de su abogado- que se buscaría “forzar su inhabilitación mediante el uso indebido de informes administrativos”, como califica a la investigación que realizó la Contraloría General de la República, sobre el caso de sus vinculaciones legales con el Club Departamental Apurímac.
Boluarte enfrenta a la fecha un proceso de acusación constitucional por los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo. El viernes de la semana pasada, la Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar su informe final, sobre las denuncias presentadas en su contra.