En una nueva noticia positiva para los transportistas peruanos, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) falló a favor de Perú en la demanda interpuesta contra Bolivia, que venía cobrando un precio mayor a transportistas internacionales terrestres de mercancía y pasajeros que circulaban en territorio boliviano con placa extranjera.
Demanda fue interpuesta contra Bolivia
La diferencia de precios en el combustible afectaba los costos logísticos de los transportistas, causando la pérdida de competitividad del comercio exterior peruano. Ante la publicación de este fallo, el TJCA ordenó a Bolivia que, en un plazo máximo de 90 días, adopte las medidas necesarias para que cese la conducta que ha sido declarada contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino.
Este es el segundo caso, en un periodo de un mes, en que Perú logra una victoria en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Un caso similar fue interpuesto ante Ecuador, con un resultado positivo para el país.
“Esta sentencia muestra el compromiso que mantiene el Mincetur por defender a los operadores del comercio exterior peruano en las distintas instancias, en coordinación con los sectores concernidos. Esperamos que tanto los gobiernos de Bolivia y Ecuador acaten lo ordenado por el TJCA en el plazo establecido, con el objetivo de que nuestros transportistas puedan competir en igualdad de condiciones en dichos países”, afirmó el titular del sector, Juan Carlos Mathews.
La demanda peruana, en defensa de los transportistas nacionales, se amparó en que la conducta adoptada por Bolivia vulnera los principios de Trato Nacional, No Discriminación y Libre Competencia, que están previstos en las decisiones andinas 398,837 y 608 así como el artículo 4 del Tratado de Creación de la TJCA, lo cual ha sido recogido en la sentencia del TJCA.
Esta sentencia es definitiva y vinculante para los países miembros de la Comunidad Andina. En este sentido, Perú podrá solicitar al TJCA el inicio de un procedimiento sumario en caso de no acatarse.
En agosto del 2020, la Secretaría General de la Comunidad Andina ya había declarado a Bolivia en situación de incumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.
