SALUDAMOS ACTITUD VALIENTE DE LOS TRABAJADORES DE CUAJONE
Desde CIMADE (Centro de Investigación de Minería, Ambiente y Desarrollo, saludamos la actitud valiente y decidida de los trabajadores de Cuajone que obligó al gobierno a decretar el estado de emergencia. Su firmeza facilitó la salida de quienes habían capturado el reservorio de Viña Blanca y cortado el abastecimiento de agua del campamento donde viven con sus familias y de las operaciones mineras en las que trabajan. Sin la movilización de todos los trabajadores, encabezados por sus sindicatos, no hubiera sido posible recuperar el control del reservorio, restablecer el abastecimiento de agua y normalizar la vida de varios miles de trabajadores y sus familias y poner nuevamente en marcha las operaciones, paralizadas durante casi sesenta días.
El gobierno debe entender que los mayores ingresos recibidos de las empresas mineras pueden permitir financiar subsidios focalizados en beneficio de los más pobres del Perú, afectados por el alza de los alimentos y al mismo tiempo la inflación local.
Es oportuno recordar que Cuajone ha venido operando cerca de cincuenta años utilizando el agua del reservorio de Viña Blanca gracias a una concesión otorgada por el Estado peruano, sin que en esas casi cinco décadas los representantes de la comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala manifiesten objeción o exigencia alguna. La sorpresiva ocupación del reservorio de agua de Cuajone, como la destrucción de la vía del ferrocarril que se realizó simultáneamente, no tenían fundamente alguno. Fueron el pretexto para intentar chantajear a la empresa, solicitándole 5,000 millones de dólares por haber ocupado supuestamente sus tierras desde el inicio de sus operaciones hasta hoy, y exigirle el 5% de sus utilidades anuales de aquí en adelante.
En los últimos años, Cuajone realizó una importante ampliación de su capacidad de producción y ninguna comunidad manifestó objeción alguna a la misma o reivindicó la propiedad de las tierras que hoy Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala señala como suyas. ¿Qué cambió entre los días de la ampliación y el momento actual? Nada. Salvo la llegada al poder de un gobierno que se ha caracterizado por su falta de compromiso con el estado de derecho y su poco o ningún interés para intervenir cuando es necesario hacer respetar la ley, trasgredida por algunos sectores de la población que consideran que es el momento de actuar con impunidad.
Retomado el control del reservorio, los trabajadores deben mantenerlo en los días que vienen pues la comunidad ha señalado que esta es apenas una tregua de quince días, mientras se instala la mesa de diálogo, que pretenden que sea convertida en el escenario en el cual se consume la extorción a la empresa y a sus trabajadores. En verdad, el gobierno debería aprovechar estos días, pues tiene en su poder toda la documentación, para explicarle a los miembros de la comunidad el significado y el alcance de todos los permisos otorgados a la empresa para operar, incluyendo los otorgados recientemente, a fin de que ese pueda ser el punto de partida de cualquier diálogo en la mesa convocada para los próximos días.
Mientras tanto, sería muy importante que Quellaveco, que tiene contratos de servicios firmados con la comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, convoque a los dirigentes y los invoque a preservar el estado de derecho y a desterrar la violencia. Y es que, si ellos pretenden hacer negocios con las empresas mineras, como el que están haciendo con Quellaveco, propiedad de una de las empresas mineras más importantes del mundo, deben respetar siempre la ley, jamás salirse de sus cauces.
Por su parte, el gobierno peruano, aunque no lo haya hecho hasta hoy, debe empezar a crear las condiciones para el normal desenvolvimiento de las operaciones mineras, que hoy ven amenazado su derecho a producir normalmente, en beneficio de sus trabajadores, sus accionistas y las diversas instancias del Estado peruano que reciben impuestos y regalías, especialmente elevados en una coyuntura de precios altos. El gobierno debe entender que los mayores ingresos recibidos de las empresas mineras pueden permitir financiar subsidios focalizados en beneficio de los más pobres del Perú, afectados por el alza de los alimentos y al mismo tiempo la inflación local.
