El escándalo por la denuncia sobre la presunta existencia de una red de prostitución al interior del Congreso de la República llegó ayer a un punto de ebullición, que obligó al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, a anunciar la reorganización total e inmediata de la Dirección General de Administración de ese Poder del Estado.
Su anuncio se dio en momentos en que representantes de la Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1), intervenía diversas áreas del Legislativo, como parte de la investigación preliminar que se le sigue al exfuncionario del Congreso, Jorge Torres Saravia, por presunto delito de explotación sexual.
En una conferencia de prensa ofrecida ayer por la tarde, Salhuana precisó que también se ha decidido designar al abogado Ángel Delgado Silva como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Poder Legislativo.
Señaló que la reorganización dispuesta para la Dirección General de Administración del Congreso de la República, implica someter a evaluación al Director General de Administración, así como a los jefes de los departamentos de Logística, Recursos Humanos, Finanzas, Tecnologías de la Información y Servicios Generales.
«En los casos que se disponga la remoción de los titulares de las áreas que hemos señalado, esto se hará en coordinación directa con los sindicatos del Congreso cuyos secretarios generales están aquí presentes», dijo.
También anunció la revisión y modificación del reglamento y las directivas existentes en el Congreso de la República, para establecer nuevos requisitos de ingreso y permanencia del personal en los puestos laborales.
Salhuana dijo que se ha dispuesto, de igual manera, la revisión general de los legajos del personal del Poder Legislativo a fin de verificar la inexistencia de impedimentos para continuar laborando en la institución, como antecedentes penales, judiciales o policiales, o figurar en el Registro de Deudores Alimentarios o Registro de Personas Inhabilitadas para laborar en el Estado y otros.
Por otro lado, señaló que se está proponiendo a la Mesa Directiva del Parlamento, restituir el estatuto del servicio parlamentario, a fin de garantizar el acceso y carrera de los trabajadores en base a meritocracia y profesionalismo.
Más adelante se refirió al pedido formulado por las bancadas de Podemos Perú, Renovación Popular, Honor y Democracia, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular para que se remueva del cargo al oficial mayor Giovanni Forno por supuesta negligencia y falta de transparencia en su gestión.
Al respecto, dijo que esta será una decisión que deberá ser adoptada por todos los miembros de la Mesa Directiva, con quienes se reunirá en las próximas horas.
«Lo que queremos precisar es que el Congreso no tiene nada que esconder, todos los actos son públicos, es una de las pocas entidades que publica toda las acciones que realiza, todo esta colgado en el portal de Congreso», dijo.
OPERATIVO FISCAL
Mientras Eduardo Salhuana formulaba todos estos anuncios, personal de la Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) intervenía diferentes áreas del Parlamento con la finalidad de recabar información respecto a la denuncia que involucra al exfuncionario del Legislativo, Jorge Torres Saravia, en una presunta red de prostitución.
A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el Ministerio Público precisó que el operativo incluyó el registro de las cámaras del Edificio Complejo Legislativo, de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, así como documentos de la Oficina de Seguridad y del Departamento de Recursos Humanos.