CONGRESO: INFORME CONCLUYE QUE CASTILLO HABRÍA RECIBIDO COIMA POR PUENTE TARATA III
Llueve sobre mojado para Pedro Castillo. La Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá mañana el informe final sobre las investigaciones realizadas en torno al redireccionamiento de licitaciones públicas, las visitas subrepticias a la casa del pasaje Sarratea en Breña, y los ascensos militares. Las indagaciones congresales concluyen en que “está probado que los dueños del Consorcio Puente Tarata III entregaron beneficios económicos al Presidente de la República por intermedio de Karelim López”.
Por ello, el informe del grupo de Fiscalización, recomienda a la Comisión Permanente acusar constitucionalmente a Pedro Castillo, por el presunto delito de organización criminal, colusión y negociación incompatible, además de otros cargos.
Respecto al caso Puente Tarata, se establece que el mandatario, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”.
De igual manera se concluye en que “está probado que existieron comunicaciones entre Castillo, Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y Karelim López, durante los periodos de tiempo en que se realizaban diversas licitaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para efectos de determinar los resultados de los procesos de selección”.
En el referido informe final, se indica que “esta comprobado que la empresa Tapusa, integrante del consorcio Puente Tarata, entregó sumas de dinero al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, por intermedio de Marco Antonio Zamir Villaverde”.
También se concluye que existen indicios suficientes respecto a que los congresistas Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores ancachi, Jhaec Darwin Espinoza e Ilich López Ureña (conocidos como ‘los niños’) “habrían tenido participación para determinar los resultados de los procesos de selección para la ejecución de obras públicas”.
“Está comprobado que Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo, Rudbel Oblitas Paredes y Fany Oblitas Paredes, eran los operadores del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones y del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, ante funcionarios públicos y empresarios para favorecerlos en procesos de selección del MTC”, indica el documento.
REUNIONES EN SARRATEA
En el caso de las reuniones en Breña, la investigación realizada por la referida comisión concluye en que ha quedado corroborado que las acciones desplegadas por el Pedro Castillo “transgrede la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”.
De igual manera se indica que Castillo ha trasgredido en ejercicio de sus funciones la Ley N°28024, que reglamenta y sanciona la gestión de intereses en la administración pública y su reglamento en el cual se establece que “los servidores del Estado están obligados a mantener actualizado y accesible el registro de visitas el cual tiene carácter de declaración jurada”.
“Ha quedado corroborado por esta comisión fiscalizadora que el presidente José Pedro Castillo, ha mantenido reuniones fuera del domicilio legal del despacho presidencial en el pasaje Sarratea N°179, con exministros de Estado, congresistas de la República, funcionarios y empresarios con el propósito de planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública en el contexto de una organización criminal”, se indica en la conclusión 4 del informe.
CASO ASCENSOS MILITARES Y PNP
En el tema de los ascensos en las Fuerzas Armadas, La Comisión de Fiscalización concluye en que ha quedado comprobado que el Pedro Castillo, el exministro de Defensa, Walter Ayala Gonzáles y Arnulfo Bruno Pacheco “realizaron acciones de intervención” en dicho proceso “a fin que oficiales allegados al Ejecutivo sean beneficiados”.
De acuerdo a ello se concluye en que está corroborada la “existencia y veracidad” de los mensajes de la plataforma WhatsApp “a través de los cuales el Presidente de la República, directamente habría intervenido en el proceso de altos mandos del Ejército del Perú”, se precisa.
“Existen suficientes indicios razonables de que a los oficiales a los que se le pretendía ayudar y beneficiar en el proceso de ascensos 2021 realizado en la Policía Nacional del Perú, se le cobraban cupos y que sucedería lo mismo al interior de los procesos de ascensos en el Ejército del Perú”.
Por todo ello se concluye en que “existen indicios razonables de que los 20,000 dólares hallados en el baño de la oficina del exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco Castillo, serían producto de cupos o coimas cobradas a los oficiales a los que se pretendía beneficiar en el proceso de ascensos tanto en la PNP como en el Ejército”.
Por otro lado, la referida investigación concluye en que ha quedado corroborado que “Bruno Pacheco, con la anuencia de Pedro Castillo, presionó e intimidó al Superintendente de la Sunat, Luis Enrique Vera Castillo, con el objeto de beneficiar a las empresas Grupo Deltron, MQVC Corporation SAC y al abogado Marco Antonio Urbina”.