Mediante un comunicado público, la Contraloría General de la República expresó anoche su preocupación por la emisión del Decreto de Urgencia 006-2024, al considerar que el dispositivo legal puede afectar la autonomía que debe tener dicho organismo para realizar las acciones de control sobre las inversiones públicas.
Mediante el documento, se indica que el referido decreto afecta la actuación de ese organismo, en momentos en los que se necesita de un mayor control a las autoridades y entidades públicas de todo el país.
“El artículo 14 del Decreto de Urgencia, además de distorsionar por completo la finalidad de la ley 31358 y sus modificatorias, pretende dictar a la Contraloría General cuáles son los actos que deben y no deben ser materia del control concurrente, modelo que precisamente emite las alertas de presuntos actos de corrupción, contraviniendo lo aprobado por el Congreso de la República”, se añade en el documento.
Se advierte que el año pasado, se emitieron más de 12 mil alertas de posibles hechos de corrupción e inconducta funcional y, adicionalmente. “En el mismo período, la Contraloría General señaló la presunta responsabilidad administrativa, civil y penal de más de 9,300 mil funcionarios y servidores públicos, de los cuales más de 2900 corresponden al Poder Ejecutivo”.
De acuerdo a ello se formuló un llamado al Ejecutivo para que analice las consecuencias de dicha norma en la lucha contra la corrupción. “Invocamos al Poder Legislativo, en el marco de sus competencias, asegure la continuidad de este control especializado que previene perjuicios al Estado en las inversiones públicas en los tres niveles de gobierno”, concluye el comunicado.