El Departamento de Justicia de Estados Unidos le hará llegar al Estado peruano más de medio millón de dólares provenientes de Alejandro Toledo quien es procesado por el presunto delito de lavado de activos.
Toledo es acusado de recibir decenas de millones de dólares en coimas de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa constructora brasileña
Estados Unidos entregará a Perú más de medio millón de dólares en dinero confiscado al expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), investigado por corrupción en el cao Odebrecht.
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el miércoles que enviará aproximadamente 686.000 dólares al Gobierno peruano, incautados al expresidente.
en sus negocios en Perú, cuando aún era presidente del país.
“Este caso es un ejemplo importante de la cooperación internacional necesaria para abordar la corrupción en el exterior cuando las ganancias ilícitas son traídas a EE.UU.”, dijo el vicefiscal de la división Criminal del Departamento de Justicia, Kenneth Polite, en un comunicado.
la fiscalía peruana solicitó 20 años y 6 meses de cárcel.
El exmandatario peruano es procesado por presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en relación con contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
De acuerdo con la Justicia estadounidense, Toledo usó unos 1,2 millones de dólares obtenidos a través de los sobornos para comprar propiedades en el estado de Maryland. Los fondos incautados provienen de las ganancias de la venta de esas propiedades.
Por el caso criminal contra Toledo, la fiscalía peruana solicitó 20 años y 6 meses de cárcel.
El expresidente fue detenido en 2019 en California, donde reside desde hace varios años, y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel y pasar al arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de la covid-19.
En septiembre pasado, la Justicia de Estados Unidos dio luz verde a la extradición del expresidente, al encontrar pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final está ahora en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.