EEUU: GOBIERNO DE ARCE PRESIONA EN JUICIO CONTRA AÑEZ

Informe del Departamento de Estado dice que el Gobierno ejerce presión sobre jueces; mientras el exembajador Jaime Aparicio afirma que se evidencia que se suma a regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela o Nicaragua.

La presencia de estos altos funcionarios, altamente irregulares para una operación de arresto, fue un indicador de que el gobierno al más alto nivel estaba dirigiendo el proceso contra Añez y otros, ejerciendo una tremenda presión sobre los jueces 

Juan Pérez Munguía / La Paz

Redacción Diario Página Siete

El informe de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) señala que el Gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, dirigió el proceso en contra de la exmandataria Jeanine Añez y otras exautoridades, además que ejerce presión sobre los jueces que llevan estos casos.

Ayer fue publicado el documento Informes Nacionales sobre Prácticas de Derechos Humanos, el cual hace un resumen ejecutivo respecto de las vulneraciones que acontecen en varios países del mundo.

“Tanto el jefe de Policía, Jhonny Aguilera, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, volaron a Trinidad, Bolivia, donde vivía Añez, para supervisar su arresto. La presencia de estos altos funcionarios, altamente irregulares para una operación de arresto, fue un indicador de que el gobierno al más alto nivel estaba dirigiendo el proceso contra Añez y otros, ejerciendo una tremenda presión sobre los jueces que ya carecían de independencia real”, detalla un fragmento del reporte, sustentado en documentos de organismos de derechos humanos.

Informe

Entre el 12 y 13 de marzo de 2021 fueron arrestados los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán y la exjefa de Estado. Posteriormente, fueron detenidos exjefes policiales y militares y otras autoridades del gobierno de transición por el caso de  “golpe de Estado”, supuestamente perpetrado en 2019.

El informe de EEUU observa que el proceso de Añez fue desdoblado en los casos golpe I y golpe II. También que el tiempo de detención preventiva excedió el límite de los meses establecidos. A ello se sumó el hecho de que al tratarse de una expresidenta se le negó un juicio de responsabilidades.

“En una entrevista del 23 de marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que el gobierno inició un proceso penal contra Añez porque el gobierno carecía de los votos en la legislatura para autorizar su juicio político. Los expertos legales señalaron que la declaración del ministro sugería que el gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Añez que en darle un juicio justo”, se lee en el documento.

Otro hecho que se registra en el informe es que desde el Ministerio de Gobierno se minimizó el intento de suicidio de la exgobernante. “El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, calificó sus lesiones de ‘simplemente arañazos’ y alegó que el trato preferencial del gobierno a Añez causó disturbios en los reclusos. Los grupos de derechos humanos criticaron ampliamente el encarcelamiento de Añez por parte del Gobierno y su negativa a concederle la libertad bajo fianza a pesar de su débil salud”, complementa.

Imagen del Gobierno

El exembajador Jaime Aparicio detalló que este informe evidencia las vulneraciones cometidas por la administración de Arce en contra de exautoridades. Añadió que este tipo de reportes afectan la imagen de la gestión gubernamental, puesto que evidencian que se suma a “regímenes de carácter autoritario” como Cuba, Venezuela o Nicaragua.

“El Gobierno mete en problemas al país, porque con este tipo de informes que muestran que no hay independencia judicial, los países y empresas no invierten. Esto, además, tendrá implicaciones en el informe que está haciendo el Departamento de Estado sobre las elecciones del 2019. Es difícil que no hallen manipulación en el Tribunal Electoral”, sostuvo.

El abogado y experto en derechos humanos Franco Albarracín dijo que este documento es otra muestra más de la falta de independencia judicial.

“El informe ha evidenciado detenciones arbitrarias, ¿qué significa esto? Que se han hecho detenciones al margen de las leyes bolivianas y del derecho internacional: sin notificación, sin el debido proceso, sin la presunción de inocencia, con abusos y violaciones a los derechos”, enfatizó el jurista.

Un “panfleto”

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce calificó el informe de Estados Unidos como “un panfleto”,  que no tiene valor alguno. Subrayó que tampoco tiene un carácter vinculante y que sólo expresa una opinión política del Gobierno  norteamericano.

“EEUU no tiene autoridad para hablar de temas de derechos humanos. Además, ¿quién le ha dicho a EEUU que ejerza un trabajo policiaco para controlar a los países? ¿Alguien los eligió para que hagan ese trabajo policiaco?”, puntualizó