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EL PROGRESISMO QUE BUROCRATIZÓ EL PERÚ Y FRENÓ EL CAPITALISMO

A inicios del nuevo milenio diversas proyecciones económicas señalaban que si el Perú seguía creciendo por encima del 5% anual hacia el 2021 –es decir, por el Bicentenario de la Independencia– podría alcanzar el ingreso per cápita cercano a un país en desarrollo. Como todos sabemos, llegamos a esa fecha permaneciendo como un país de ingreso medio, con un crecimiento debajo del 3%, con claras tendencias recesivas, y un aumento general de la pobreza. Desde la pandemia y el gobierno de Pedro Castillo incluso se retrocedió una década en la lucha contra este flagelo: pasamos de una pobreza de 20% de la población a una cercana al 30%.

La creación y multiplicación de “derechos” agranda el Estado

 

Si se derrotó el intento de golpe de Castillo, si se preservó la Constitución y el modelo económico, ¿por qué el Perú está en recesión luego de una década de bajo crecimiento? A nuestro entender, el Estado se convirtió en el enemigo del modelo económico basado en la inversión privada y se burocratizó hasta el extremo. Hoy el Estado es la principal fuente de pobreza e informalidad. No nos cabe la menor duda de que en esta situación las llamadas corrientes progresistas tienen la principal responsabilidad. Sin embargo, es necesario precisar sobre qué hablamos cuándo hablamos de progresismo.
Las corrientes progresistas, a diferencia de las comunistas y bolivarianas, no proponen directamente cambiar el régimen republicano por una asamblea constituyente, ni plantean reemplazar la economía de mercado por un modelo colectivista. El progresismo propone ampliar “los derechos de los ciudadanos” hasta el límite.
Las corrientes progresistas proponen crear derechos para las minorías de todo tipo, desde las sexuales, nacionales, raciales y otras y, de una u otra manera, fomentan la creación de un sistema de identidades (democracia identitaria, en vez del sistema representativo). E igualmente, desde una supuesta defensa del medio ambiente fomentan la creación de derechos de los supuestos pueblos originarios, del agua (desde las llamadas cabeceras de cuenca hasta el derecho universal del servicio) y de la tierra y el medio ambiente. Todos se convierten en sujetos repletos de derechos. Lo mismo sucede con los llamados derechos sociales (educación, salud, trabajo e, incluso, la felicidad.
Sin embargo, esta hemorragia de derechos que crea el progresismo en todas sus variantes solo tiene una posibilidad de prosperar: la intervención del Estado y la reducción del poder de la sociedad y los ciudadanos. Más Estado y menos libertad, es la fórmula. El progresismo, al margen de cualquier voluntad e intención, es esencialmente estatista.
En este contexto y, a pesar de la Constitución desreguladora de 1993 y los 22 tratados de libre comercio, el Estado peruano se convirtió en uno de los más burocráticos de la región y se llenó de procedimientos y sobrerregulaciones. El ecologismo radical creó los derechos de las lagunas en Conga en Cajamarca y detuvo todas las inversiones del cinturón de cobre del norte, que pudieron incrementar la producción nacional de ese metal en más de un millón de toneladas. Igualmente se detuvo el proyecto de cobre de Tía María, en Arequipa, mientras el Ministerio de Energía y el Ministerio del Ambiente burocratizaban todas las relaciones del Estado con la minería. Y de pronto, el país se rezagó con respecto a Chile, Canadá y Australia, potencias mineras en cuanto a inversiones y exploración.
El progresismo también derogó la mejor ley económica de nuestra historia republicana, la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), arguyendo derechos conculcados de los trabajadores. Y se frenaron las agroexportaciones. Asimismo, en cuanto a la pesca industrial, se dejó de pescar desde la milla tres para autorizar la actividad industrial desde la milla cinco. ¿Cuál fue el argumento? La preservación de la biomasa de anchoveta. Sin embargo, ya sea desde la milla tres o la cinco, la biomasa continuó igual: 10 millones de toneladas métricas. Se redujo la productividad de la industria pesquera.
El progresismo que crea derechos, pues, es el responsable del fracaso del Estado y del aumento del tamaño estatal con la creación de ministerios para proteger los derechos de las identidades y minorías. Es el responsable de la burocratización y de haber detenido el capitalismo.
Tomado de: El Montonero

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