Capturan a más de 9 mil delincuentes autores de violaciones, tráfico de drogas y de 87 asesinatos en 48 horas. Presidente Nayib Bukele responde a Michael Bachelet y a las ONG que “no gobernamos para otro Estado”
“Nosotros no estamos gobernando para Human Rights Watch, no estamos gobernando para ningún otro Estado soberano, ni mucho menos para ONG que han venido financiando la desgracia y la sangre”
En un enérgico discurso en medio del duro enfrentamiento entre el Gobierno y las pandillas, que pueden sumar hasta cien mil individuos, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó a la OEA, CIDH y a las ONG, supuestas defensoras de los derechos humanos, de intentar frenar la acción contra los grupos criminales que ha logrado detener más de 9 mil individuos.
Bukele dijo que detrás del supuesto interés de esos organismos se esconde el interés por recibir “donaciones y dinero» o hacer supuestos trabajos de investigación sobre la violencia, mientras la sangre corre en el país.
¿Cuántos puestos de trabajo, cuánta sangre y cuántas vidas ha perdido el país por acción de las pandillas?, se preguntó el mandatario.
«Ustedes en la OEA y la CIDH fueron los que patrocinaron la ‘Tregua’ que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños. Llévense su peste de nuestro país«, escribió Bukele en Twitter.
La OEA acompañó en 2012 un armisticio de las principales pandillas, Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, impulsado por el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014). Durante la vigencia de la tregua entre estas bandas los asesinatos bajaron en el país de un promedio de 14 diarios a 5, pero su ruptura llevó al país a convertirse en el más violento del mundo en 2015 con una tasa de asesinatos de 103 por cada 100,000 habitantes.
Bukele respondió también con dureza a las críticas de Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), ONG de referencia que ha criticado la declaratoria de régimen de excepción como medida contra la ola de violencia.
Tras la declaratoria del estado de excepción por parte de la asamblea legislativa del país centroamericano, la alta comisionada de la ONU para los Derechos humanos, Michael Bachelet, destacó su preocupación por la respuesta de las autoridades frente a los autores de la ola criminal.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga respetando el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo la portavoz de la Oficina de Michelle Bachelet.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reaccionó a las respuestas del gobierno estadounidense y de diferentes ONG nacionales e internacionales ante la aplicación del régimen de excepción hace dos semanas, como respuesta al repunte de la violencia en El Salvador.
“No ha sido fácil llegar a un entendimiento de todas estas diferentes oenegés o países que en el pasado tenían tanta injerencia en las decisiones políticas de El Salvador. Habernos desmarcado de eso, de una forma bastante tajante y directa, es algo que nos permite implementar acciones que vayan en coherencia de la demanda de nuestra población”.
«Nosotros no estamos gobernando para Human Rights Watch, no estamos gobernando para ningún otro Estado soberano, ni mucho menos para oenegés que han venido financiando la desgracia, la sangre, no estamos en ese Estado”, manifestó Villatoro durante la entrevista televisiva del programa Frente a Frente.
El último domingo se cumplieron 15 días desde que se aprobó en horas de la madrugada un régimen de excepción en El Salvador. Bajo esta acción, se han realizado distintos operativos y centenares de capturas contra personas que en un inicio han sido relacionadas con pandillas y que se contabilizan hasta en 9,634 detenidos hasta este fin de semana.