La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia ordenó ayer martes la reincorporación de Zoraida Ávalos Rivera como Fiscal Suprema del Ministerio Público. Esto al declarar fundada en parte la demanda presentada por la funcionaria. Sin embargo, dicha decisión aún está sujeta a una apelación del Congreso, además de tratarse de un sentencia en primera instancia.
fue acusada por haber suspendido en enero del 20222 las investigaciones del ex presidente Pedro Castillo por los casos Provías, Petroperú y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas
El Congreso había aprobado en junio del año pasado inhabilitar por cinco años para el ejercicio del cargo público a la fiscal por haber cometido una infracción a la constitución.
Zoraida Ávalos fue acusada por haber suspendido en enero del 20222 las investigaciones del ex presidente Pedro Castillo por los casos Provías, Petroperú y ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas hasta el término de su mandato. En ese sentido, la congresista Patricia Chirinos fue quien presentó la acusación constitucional por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Rechazan decisión judicial por interferir en temas exclusivos del Congreso
Al respecto, congresistas de diversas bancadas expresaron su disconformidad con la decisión del Poder Judicial pese a la inhabilitación de cinco años que pesa sobre ella y que fue aprobada a mediados del 2023.
En primer lugar, José Cueto (Renovación Popular) consideró que la Tercera Sala Constitucional de Lima interfiere en las decisiones del Congreso pese a una sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC) sobre la materia.
“Nuevamente una interferencia de poderes. A pesar de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional claramente que dice que cualquier entidad del Poder Judicial no puede interferir en las decisiones que son exclusivas y excluyentes del Congreso, y allí yo creo que está la mano de la JNJ”, expresó.
¿Qué hará el Congreso? Yo imagino que habrá algún tipo de acción en contra de esa decisión. No soy abogado para definir si eso se tiene que desarrollar en forma inmediata o si se tiene que presentar una cautelar o algo así para que esa decisión quede en suspenso hasta que finalmente se defina”, agregó.
Por su parte, Luis Aragón (Acción Popular) pidió respetar el fallo judicial porque vivimos en un estado de derecho y siempre se debe velar por la autonomía de poderes. También enfatizó que será el TC el que resolverá en última instancia este tema.
este tema se verá en última instancia en el Tribunal Constitucional
“Al margen de que estemos de acuerdo o no respecto a esta resolución del Poder Judicial, y al margen de la votación que cada parlamentario haya podido tener en el pleno del Congreso de la República por su inhabilitación o no cuando el tema se tocó, es una resolución que debemos respetarla”, manifestó.
“Estamos viviendo en un estado de derecho y obviamente es una resolución del Poder Judicial, hay que velar siempre por el respeto a la autonomía de poderes. Creo que no es una resolución de lo más regular, pero de todas maneras este tema se verá en última instancia en el Tribunal Constitucional”, añadió.
A su turno, Edward Málaga (No Agrupados) señaló que la decisión judicial los tomó por sorpresa, pero pidió entender que la inhabilitación aprobada por el Congreso fue “política”, en medio del contexto que se vivía en el gobierno de Pedro Castillo.
«Bajo el desastre que vivíamos con el señor Castillo, creo que todas las autoridades estábamos obligadas a hacer lo que correspondía. En el caso de ella, tomó una decisión que está dentro de sus atribuciones de no investigar y quienes votamos a favor de esa medida consideramos que debió investigarlo por las consecuencias que tuvo ese gobierno para el país. Hay que respetarlo (el fallo)”, acotó.
“Hay que dejarse de falsos orgullos. Obviamente este Congreso ha tenido muchas instancias donde ha llegado al límite de sus atribuciones con decisiones muy controvertidas que generan rechazos o que le den vuelta a la página. No era una sorpresa que esto hubiera pasado, igual que la Junta Nacional de Justicia”, agregó.
Fiscal Interino la defiende
Por su parte, el actual titular interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, consideró en enero pasado que la decisión del Parlamento de inhabilitar a Zoraida Ávalos no fue la correcta, puesto que se fundamentó en la interpretación discrecional de una norma por parte de Ávalos Rivera.
«Es una decisión que no era la correcta porque se trata de una interpretación de una norma, y por ello, jueces (y) fiscales no podrían ser sancionados (…) Si uno interpreta una norma, ¿constituye delito? No», indicó en entrevista para RPP.