Mediante un pronunciamiento la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro defendió las atribuciones del Ministerio Público en el combate a la criminalidad, aun cuando ésta “se pueda encontrar enquistada en las más altas esferas del poder”; y rechazó cualquier injerencia política o de otra índole en las funciones de las fiscalías.
“El Ministerio Público, conforme lo establece la Constitución Política del Estado y nuestra Ley Orgánica, es un organismo autónomo que tiene como principales funciones la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos. Para ello promueve de oficio o a petición de parte, la acción penal, vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia”, indican.
De acuerdo a ello precisan que, como persecutores del delito y defensores de la legalidad, sus atribuciones y actuaciones se sujetan a las normas vigentes. “Motivo por el cual rechazamos cualquier injerencia política o de cualquier índole en las funciones que ejercemos”, precisan.
En ese sentido expresan su respaldo a las gestiones realizadas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dirigidas a perseguir el delito.
Finalmente precisan que las actuaciones realizadas por los fiscales de todas las instancias se encuentran destinadas a la persecución del delito, a la búsqueda de la verdad y al combate de la criminalidad así ésta se encuentre alojada en los niveles más altos del poder.