El Ministerio Público (MP) señaló que es «jurídicamente inviable» e «inconstitucional» el dictamen, aprobado por el Pleno del Congreso, en primera votación, que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el país antes del año 2002.
En un comunicado, suscrito por la Junta de Fiscales Supremos, expresó su postura institucional de rechazo debido a las implicancias negativas que tendría esta propuesta aprobada recientemente por el Parlamento, por lo que piden su archivo.
“El referido proyecto de ley resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo cual se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares”, indica el documento.
Asimismo, el MP precisó que la propuesta normativa resultainconstitucional, al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional.
A decir de la fiscalía estos preceptúan que los estados no pueden emitir disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad penal, puesto que tienen la obligación de investigar las graves violaciones a los derechos humanos, como las investigaciones y procesos judiciales que se encuentran a cargo de las fiscalías del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad.
El comunicado agrega que, de aplicarse dicha norma, una de las consecuencias jurídicas sería que un número importante de investigaciones y procesos judiciales tendrían que ser archivados o concluidos, declarándose la prescripción de la acción penal en aproximadamente 600 casos.
Entre ellos, están casos emblemáticos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Paccha, Putis e Hilario Trucios.
Además, los casos del Comunicado de Prensa Conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja. Incluso, agrega el documento, podría impactar de manera directa en casos sobre la materia que ya han sido sentenciados.
“Asimismo, se advierte que, de aprobarse este proyecto de ley, se estaría afectando a más de 550 víctimas, y a un número muy considerable de los familiares de estas, y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho a conocer la verdad”, señala el pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos.
Indicaron también que la mayoría de los casos antes mencionados se encuentran en permanente supervisión de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“En esa línea, es importante llamar a la reflexión y análisis para que el referido proyecto de ley sea archivado, por constituirse en una ley inconstitucional”,concluye el Ministerio Público.
El pasado 6 de junio, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto de ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 2002.
La segunda votación se debe llevar a cabo siete días después, por lo que podría efectuarse en las sesiones plenarias que quedan por realizarse esta semana, ya que el 15 de junio culmina la presente legislatura.
