La empresa Servicios Generales Galaga se pronunció este lunes, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la señalara de ser responsable de la demora del traslado de material electoral a locales de votación de Lima, lo que ocasionó que miles de ciudadanos no pudieran votar el domingo.
Pide a la ONPE que les «ofrezca las disculpas públicas necesarias» por los daños ocasionados a su imagen institucional.
La concesionaria, a través de su página de Facebook, emitió un comunicado en el que rechazó la imputación de la entidad electoral y señala que ha cumplido con todos los términos del contrato suscrito con la ONPE.
«Nuestra empresa ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia (TDR) del servicio contratado, los cuales se encuentran debidamente sustentados y documentados», destacó la empresa.
«El servicio de transporte fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE, dependiendo en todo momento de la coordinación, entrega oportuna y condiciones logísticas definidas por la propia entidad», añadió.
Asimismo, Galaga SAC indicó que las demoras señaladas por la ONPE respondieron a «factores ajenos» a su responsabilidad operativa.
«Las demoras registradas en la etapa final del proceso no responden a incumplimientos contractuales por parte de nuestra empresa, sino a factores ajenos a nuestra responsabilidad operativa, los cuales deben ser evaluados integralmente por la entidad contratante»,detalló.
«En ese sentido, consideramos que las declaraciones emitidas por el titular de la ONPE a través de diversos medios de comunicación han generado un impacto negativo en la imagen y reputación de nuestra empresa, sin haberse evaluado previamente todas las circunstancias que rodearon la ejecución del servicio»,destacó.
Por ello, la concesionaria pidió a la ONPE que les «ofrezca las disculpas públicas necesarias»por los daños ocasionados a su imagen institucional.
«Solicitamos que la[ONPE], en su calidad de máximo ente en materia electoral operativa, disponga las aclaraciones correspondientes y ofrezca las disculpas públicas necesarias por los perjuicios ocasionados a nuestra imagen institucional»,remarcó.
Finalmente, Galaga SAC indicó que se allana a colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos, incluido el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
«Informamos que, el día de ayer, nuestra empresa brindó toda la información correspondiente al contrato a la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR), en presencia de un representante del Ministerio Público, poniéndonos a total disposición de las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos», puntualizó.
Empresa fue penalizada hasta en tres ocasiones por deficiencias en sus servicios
Sin embargo, cabe informar que la Empresa de Servicios Generales (Galaga) venía brindadno servicios desde los años; 2020, 2021, 2022, 2022 y 2023. Como resultado de sus servicios, tiene como antecedentes haber sido penalizada económicamente
De estos, la concesionaria fue penalizada económicamente por la misma entidad hasta en 3 ocasiones, todas durante la gestión de Piero Corvetto como jefe de dicha entidad electoral.
Según datos recogidos de la Plataforma del Estado Peruano, la ONPE impuso tres penalidades a la concesionaria, entre 2020 y 2023.
La primera penalidad económica se impuso en julio de 2020, cuando dicha empresa fue contratada, en diciembre de 2019, para el servicio de despliegue y repliegue de material de sufragio y equipos informáticos electorales, para las elecciones congresales extraordinarias que se realizaron ese año. El contrato fue por S/ 2’982,338.91.
El contrato suscrito establecía penalidades económicas por «retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de servicio», por el monto máximo del 10% del pago total de la orden de servicio, por cada día de atraso. En ese sentido, Servicios Generales Galaga fue penalizada por S/55,900.00.
La segunda penalidad fue impuesta en enero de 2023, en razón de una orden de servicios suscrita el 31 de marzo de 2022, cuando la empresa fue contratada para el servicio de transporte y traslado de carga y paquetería en el ámbito nacional para las elecciones regionales y municipales de 2022. En esa ocasión el contrato fue suscrito por S/ 4,435.70 y la penalidad impuesta fue de S/ 1,330.71.
La tercera penalidad fue administrada ese mismo año, en el mes de septiembre, a razón de un contrato suscrito 3 meses antes, en junio de 2023, para el servicio de despliegue y repliegue del material electoral, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro de cómputo y sufragio de los comicios municipales complementarios de ese año. El contrato fue por un total de S/68 031.74.
El documento establecía cláusulas en caso de incumplimiento del despliegue del material de la ONPE. La penalidad se deducía de los pagos a cuenta o de la totalidad del monto y podían alcanzar «cada una un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso del ítem que debió ejecutarse». En esa ocasión, la penalidad fue por un total de S/ 6,803.17.
Además, en un comunicado, la ONPE detalló que iniciará acciones legales y penales contra la empresa, por la demora en la entrega del material electoral en distintos puntos de la ciudad, sobre todo en instituciones educativas de la zona sur.
«La empresa contratada, Servicios Generales Galaga, no cumplió con el compromiso de ‘entregar de manera oportuna el material, equipos informáticos electorales e implementos para el simulacro y sufragio desde la Gerencia de Gestión Electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país y hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y Callao'», indicó la entidad electoral.
«La ONPE ha desplegado material electoral en tres momentos: el 22 de marzo se entregaron 33 toneladas de material al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el 28 de marzo se inició el traslado, terrestre y aéreo, del material hacia el interior del país, todo lo cual se realizó sin inconvenientes. El viernes 10, en la noche, empezó el traslado hacia los locales de Lima Metropolitana y el Callao, que debió continuar la mañana del sábado 11. Para cumplir esta última etapa, la empresa contratada no contó con la cantidad requerida de vehículos», destacó.
