GOBIERNO DE MADURO PREPARA LEY PARA FISCALIZAR ACTUACIÓN Y FONDOS DE ONG

Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que el proyecto en manos del Parlamento pondrá «en mayor riesgo» la ayuda a los venezolanos.

 

el proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG

 

La Alianza por la Libertad de Expresión de Venezuela, que agrupa a 10 organizaciones, aseguró ayer jueves (02.02.2023) que el proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, cuya creación fue aprobada por el Parlamento, pondrá «en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia» a los venezolanos.

«Exhortamos a todos a rechazar este proyecto por poner en mayor riesgo la posibilidad de ayuda y asistencia a personas en condición de vulnerabilidad. Su aprobación afectará a los distintos sectores de la población venezolana que son los beneficiarios directos e indirectos del trabajo de organizaciones, programas, proyectos sociales, humanitarios y de derechos humanos», dijo el grupo en un comunicado.

A su juicio, esta norma aprobada el 24 de enero en primera discusión por el Parlamento venezolano, de contundente mayoría oficialista, busca «criminalizar y restringir toda iniciativa que reciba recursos de la cooperación internacional para ejercer la libertad de asociación, protegida por el derecho internacional».

Además, apuntó que las ONG venezolanas ya están sometidas a una serie de registros, necesarios para el cumplimiento de compromisos fiscales, que se encuentran paralizados desde 2019 cuando el Servicio Autónomo de Registros y Notarías prohibió registrar actos de organizaciones de este tipo, decisión que mantiene hasta la fecha.

El escrito está firmado por el Colegio Nacional de Periodistas, el Comité por una Radiotelevisión Pública, el Centro de Derechos Humanos y la Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, Expresión Libre, SER Comunicación e Investigación, el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Prensa y Sociedad, y Un Mundo Sin Mordaza.

Como en Nicaragua

El proyecto de ley que fiscaliza las ONG contempla multas de hasta 12.000 dólares a las asociaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y origen de las donaciones. La iniciativa es similar a las leyes que rigen ya en países como Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha cerrado más de 3.000 ONG en los útimos años.

El pasado 28 de enero, en su declaración final tras una visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Volker Türk, pidió al gobierno que establezca un «amplio proceso consultivo» sobre este Proyecto de Ley del Financiamiento y Funcionamiento de las Organizaciones no Gubernamentales.