INCOHERENCIAS DEL EJECUTIVO FRENTE A LAS AGROEXPORTACIONES

El Perú es un país llamado a convertirse en una potencia agroexportadora mundial, en una verdadera despensa planetaria de frutas y hortalizas. Vale anotar que, en apenas dos décadas y utilizando el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura (250,000 hectáreas), el país se convirtió en una potencia agroexportadora. Sin embargo, en el Ejecutivo, en el Congreso y la clase política no se entiende este potencial.

La inversión privada debe encargarse de los proyectos hídricos

Por ejemplo, el Perú le podría ganar al desierto alrededor de 400,000 nuevas hectáreas para la agroexportación –que se sumarían a las 250,000 existentes– sobre la base de siete proyectos hídricos, siempre y cuando se convoquen inversiones en predios que generen economías de escala y alta intensidad de capital y tecnología. Es la única manera de crear locomotoras que jalen a los más de dos millones de minifundistas –que conducen el 95% de las tierras agrícolas– hacia la agroexportación para superar la pobreza y la economía de sobrevivencia.

En este contexto, vale analizar los últimos anuncios del Ejecutivo con respecto a las agroexportaciones. Se ha anunciado el destrabe de la III Etapa de Chavimochic, que irrigaría 60,000 nuevas hectáreas del desierto, mejoraría 40,000 existentes y garantizaría el sistema de agua potable de la ciudad de Trujillo. El anuncio del Ejecutivo nos habla de un contrato de gobierno a gobierno adjudicándose a Canadá la culminación de la Represa de Palo Redondo (faltan obras entre un 20% y 30%) y la construcción del sistema de sifón. Sin embargo, para regar las 60,000 nuevas hectáreas se necesita construir un canal madre que llevaría el agua a lo largo de todo el proyecto. El canal madre no está contemplado en el acuerdo con Canadá.

El destrabe de la III Etapa de Chavimochic, pues, es a medias y dependerá de las acciones del próximo gobierno. Pero lo más lamentable en los anuncios del Ejecutivo es que se ha perdido o relativizado el concepto de asociación pública privada (APP) por una gaseosa actividad de gobierno a gobierno. ¿A qué nos referimos? En la modalidad de APP se otorga una concesión a un privado por algunas décadas y la totalidad de la inversión corre a cargo del inversionista; y por otro lado, el mantenimiento y la mejora de la infraestructura también es responsabilidad del concesionario privado.

El concesionario invierte, se encarga del mantenimiento y la venta de las tierras con un solo criterio: atraer inversiones en economías de escala y con alta intensidad de capital y tecnología.

Igualmente, el Ejecutivo acaba de anunciar que se ha otorgado la buena pro para elaborar el expediente técnico del proyecto Chinecas, en Ancash, el que, a través del represamiento de las aguas del río Santa, posibilitará ganar 50,000 nuevas hectáreas al desierto y mejorar más de 33,000 ya existentes. Sin embargo, en los anuncios del Ejecutivo no hay claridad sobre lo que significa la modalidad de las APP como mecanismo de inversión y gestión de los proyectos.

Si en el Ejecutivo no se ha entendido que la agricultura necesita inversiones intensivas en capital y tecnología –en base a predios que generen economías de escala– como la única estrategia posible para sacar a más de dos millones de minifundistas de la pobreza y de la agricultura de sobrevivencia, no se ha entendido nada. Únicamente se están lanzando fuegos de artificio.

La única forma de convocar inversiones intensivas en capital y tecnología es a través de la modalidad de inversión de las APP. ¿Por qué? Porque el privado que invierte millones de dólares buscará la mayor rentabilidad para las tierras que entren a la venta. Si el Estado es el vendedor, el peor administrador en nuestra sociedad, “los criterios sociales, las influencias populistas e izquierdista”, llevarán a resucitar el minifundio en las tierras ganadas al desierto. Como todos sabemos ya, “el discurso social” es el mejor pretexto para que los burócratas se corrompan y perpetúen la pobreza.

TOMADO DE: El Montonero