JNJ: Cita a Delia Espinoza para responder por proceso en su contra por no reponer a Patricia Benavides

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) citó a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para dar su informe oral ante el pleno de dicho organismo, el próximo jueves, 22 de enero, a las 10:30 am., en la sede principal de la entidad, en el marco del proceso disciplinario que se le sigue por no haber acatado la reposición de Patricia Benavides como fiscal Suprema del Ministerio Público, en junio del año pasado.

fue citada a dar su informe oral ante el pleno de la JNJ, con un tiempo de 10 minutos, por proceso disciplinario que se le sigue por no haber acatado la reposición de Patricia Benavides

Según informó la JNJ, Espinoza Valenzuela tendrá un plazo de 10 minutos para brindar sus descargos. Además, la entidad señaló que, en caso de no poder intervenir, podrá designar un abogado para que ejerza su derecho a la defensa.

«La entrevista será transmitida a través de las plataformas digitales oficiales, y contará con un registro audiovisual que será incorporado al expediente correspondiente, como respaldo de la actuación institucional, reforzándose los principios de publicidad y transparencia que rigen los procesos», señaló la junta. 

Informe de titular de la JNJ propone la destitución de Delia Espinoza

El referido proceso disciplinario tiene como instructora a la actual presidenta de la JNJ, María teresa Cabrera. Y es que, en su informe final sobre dicho proceso, presentado a los demás miembros del pleno de la junta, la magistrada propone la destitución de Delia Espinoza por haber incurrido en «faltas muy graves».

Según el documento, presentado el pasado 14 de enero, Espinoza Valenzuela habría hecho «caso omiso» a la resolución de la propia JNJ que ordenaba que Patricia Benavides «retome las funciones como Fiscal Suprema Titular», lo que, según el informe, Espinoza «no atendió, habiendo realizado una serie de actos irregulares con la finalidad de mantenerse en el cargo de Fiscal de la Nación»

Además, se le señala de «haberse rehusado a cumplir sus funciones como Fiscal Suprema, dado que, ante la presencia de Liz Patricia Benavides Vargas a la sede principal del Ministerio Público […], no sólo no procedió a recibirla […], sino que no convocó de inmediato a sesión de la Junta de Fiscales Supremos».

Asimismo, se acusa a Delia Espinoza de «haber instigado a que el personal fiscal y administrativo del Ministerio Público, el día lunes 16 de junio de 2025, en horas de la tarde, a fin de que se constituyeran al Piso 9 de la Fiscalía de la Nación, y permanecieran por espacio 4 horas aproximadamente, a fin de evitar dar cumplimiento a lo ordenado […], es decir a la reincorporación de la señora Liz Patricia Benavides Vargas como Fiscal Suprema».

En ese sentido, se atribuye a Espinoza Valenzuela haber incurrido «en el incumplimiento del deber funcional de defender la legalidad y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas del ordenamiento jurídico», así como «la ausencia de una reacción institucional mínima, orientada a encauzar, ordenar o resolver la situación generada por la presencia de una Fiscal Suprema que acudía a exigir la ejecución de un mandato vigente».

A su vez, se imputa a la suspendida titular del Ministerio Público la «generación, tolerancia o no neutralización de conductas colectivas del personal institucional que, por su magnitud, duración y localización estratégica, produjeron un efecto obstructivo concreto, alterando la normal dinámica del Ministerio Público e impidiendo, en los hechos, la ejecución del mandato emitido por la Junta Nacional de Justicia».

Frente a los cargos, Cabrera Vega indica que «la sanción de destitución se presenta como la respuesta disciplinaria idónea para preservar la autoridad de las decisiones del órgano constitucional competente y garantizar que el ejercicio de la función fiscal suprema se desarrolle conforme a los principios de legalidad y responsabilidad».

«Una sanción de menor intensidad no resultaría suficiente para tales fines, en tanto las conductas acreditadas comprometieron deberes esenciales del cargo y no evidencian una corrección funcional espontánea ni una conducta orientada al restablecimiento del orden jurídico afectado», refiere el informe.

«En consecuencia, este despacho concluye que la sanción de destitución resulta proporcional, necesaria y jurídicamente legítima, atendiendo a la naturaleza de las faltas muy graves acreditadas y a su impacto directo en el adecuado ejercicio de la función fiscal suprema», puntualiza.