(El Montonero).- El frenazo del modelo económico –que comenzó durante el gobierno nacionalista con los bloqueos de los proyectos mineros Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa, y que, finalmente, llegó a su clímax con el encumbramiento de Pedro Castillo al poder– tuvo en la estrategia en contra de la minería uno de sus ejes principales. El discurso antiminero y las oenegés anticapitalistas frenaron la minería y todo el Perú y la sociedad también se frenaron.
Se multiplica la minería ilegal en el corredor vial del sur
Según diversos estudios y proyecciones, si el Perú hubiese seguido creciendo sobre el 6%, como lo hacía en la primera década del nuevo milenio –es decir, si hubiese materializado toda su cartera de inversiones mineras–, no obstante la perpetua crisis política, el país habría habría reducido pobreza debajo del 15% de la población y se habría consolidado como una sociedad de ingresos medios con poderosas clases medias.
Ese escenario de prosperidad fue imposible porque la minería fue detenida. En la actualidad, el Perú produce alrededor de 2.7 millones de toneladas métricas de cobre (TMC) anualmente; sin embargo, en el norte los proyectos Conga, El Galeno, La Granja y Michiquillay, entre otros, están paralizados y retrasados, y el país deja de producir alrededor de 1.5 millones de TMC. Una verdadera tragedia para los pobres del país.
Una de las consecuencias terribles de los ataques a la minería moderna, inevitablemente, ha sido el avance de la minería ilegal, sobre todo en oro, tal como sucede en Pataz, en la frontera norte del Perú y Ecuador y en Madre de Dios. El precio de la onza de oro está sobre los US$ 2,500 y todo indica que seguirá subiendo frente a la crisis de las monedas nacionales. Sin Estado de derecho, y si el Estado no recupera el principio de autoridad en las zonas mineras, la sociedad avanza a constituirse en un gigantesco Viejo Oeste, plagado de mineros ilegales aliados con pistoleros del crimen organizado y la trata de personas.
Pero no solo se trata de la minería ilegal de oro. En el corredor vial del sur, en donde se emplazan las minas modernas que producen cerca del 40% del cobre nacional, también se han multiplicado las invasiones de mineros ilegales. En la actualidad en la mencionada vía circulan entre 100 y 150 volquetes que cargan el mineral ilegal de las concesiones de la minería moderna, una cantidad que comienza a superar la producción de las minas más grandes de esta área. Por ejemplo, Las Bambas moviliza alrededor de 75 volquetes diarios en promedio, más allá de que en temporadas de alta producción sume más de 125 volquetes.
El precio de la libra de cobre ha llegado a US$ 4.50, no obstante algunos retrocesos en la cotización. Sin embargo, la demanda mundial que se duplicará en la siguiente década por la multiplicación de los autos eléctricos y el hardware de las energías renovables indica que el precio del metal rojo seguirá en subida. En este contexto, el Perú, el segundo productor mundial de cobre y el tercero con las mayores reservas del metal rojo, puede ser erosionado por la minería ilegal si es que no se impone el Estado de derecho y el principio de autoridad en las zonas mineras.
Una de las cosas más impresionantes con respecto a la minería ilegal es que las oenegés anticapitalistas, los sectores del radicalismo antiminero y los llamados frentes de defensa de las provincias de Apurímac y Cusco no dicen nada cuando pasan las decenas de volquetes de la minería ilegal que avanzan con las tolvas descubiertas, regando el mineral en la vía y cerca de los pueblos. Sin embargo, cuando avanzan los volquetes de la minería moderna, todos ellos con las tolvas encapsuladas para evitar cualquier atisbo de contaminación, levantan la voz y denuncian con leyendas y fábulas. Una verdadera locura del radicalismo que revela la verdadera intención: destruir a la minería moderna.
La disyuntiva para los peruanos y la sociedad es inevitable: o se apuesta por la minería moderna, que paga impuestos, preserva el medio ambiente y genera empleo que reduce pobreza, o se cede ante la minería ilegal que destruye bosques y ríos, que se alía con el crimen organizado y pistoleros de otros países y que fomenta la trata de personas.