LA URGENTE NECESIDAD DE FISCALIZAR A LAS OENEGÉS

(El Montonero).– La ONG Coordinadora de Derechos Humanos, a través de su secretaria general, Jennie Dador, participó en una conferencia al lado de algunas organizaciones gremiales y políticos de izquierda, con el objeto de respaldar el paro nacional de hoy, convocado por los sectores del radicalismo colectivista nacional. ¿Qué tiene que ver la defensa de los Derechos Humanos con la convocatoria a un paro nacional? ¿Acaso la ideologización de los Derechos Humanos lleva a una interpretación tan extensiva que todos los objetivos y programas de la izquierda bolivariana y progresista del continente pueden caber dentro de ellos?

Algunas oenegés, financiadas por la Unión Europea, impulsan un paro nacional

El asunto se agrava cuando en el portal de la mencionada Coordinadora de Derechos Humanos se informa que uno de los aportantes de la entidad es la Unión Europea. ¿Acaso los aportantes saben que los recursos que se destinan a estas entidades pueden utilizarse en el desarrollo de un paro nacional contra un régimen de Estado de derecho? Cualquiera sea el ángulo de análisis estas interrogantes solo plantean la urgencia de que el Congreso ratifique el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que busca ampliar las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en el control y fiscalización de los recursos de las oenegés mediante un sistema de registro a través de la Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas, y la presentación de informes regulares sobre las actividades de estas entidades.

En el Perú se sobrerreguló en extremo el funcionamiento de los partidos políticos; es decir, de las entidades que presentan programas electorales, ganan o pierden elecciones y, por lo tanto, son fiscalizados por la sociedad y el electorado. Mientras tanto se dejaba en la más absoluta libertad a las oenegés, que reciben financiamiento del exterior sin presentar informes sobre sus objetivos y actividades.

A nuestro entender la involución del Perú de las últimas dos décadas tiene mucho que ver con las narrativas y relatos que han desarrollado las oenegés en los temas de la minería, las agroexportaciones, la industria pesquera y las inversiones en infraestructuras. En la minería, por ejemplo, se desarrollaron las fábulas acerca de que la minería moderna era una amenaza para los recursos hídricos destinados al consumo humano y la agricultura. Bajo estos relatos se bloquearon los proyectos mineros Conga y Tía María, y se ahuyentaron casi todas las grandes inversiones –excepto Quellaveco– y, no obstante el incremento de precios y la demanda del cobre, la inversión minera decreció sistemáticamente.

Las sobrerregulaciones en los procedimientos mineros, igualmente, se explican por el predominio de estas narrativas en la sociedad. De contar con cerca de 15 procedimientos, en dos décadas, pasamos a tener 265. Asimismo, en las agroexportaciones, la absurda derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), una de las herramientas vitales del milagro agroexportador peruano –que permitió incrementar los envíos al exterior de US$ 651 millones a más de U$ 10,000 millones– también se explica por la acción corrosiva de algunas oenegés.

¿Cómo entonces el Estado peruano puede renunciar a legislar el financiamiento externo de las oenegés? Imposible. En ese sentido, el Legislativo está demorando innecesariamente la decisión.

Las legislaciones de los países occidentales y de las mayorías de las democracias, entre ellas las de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, y las decisiones de los senados de Argentina y Paraguay, avanzan en el establecimiento de controles y fiscalizaciones a las oenegés porque es una manera de preservar la integridad de las sociedades nacionales de los financiamientos externos que buscan destruir políticas nacionales.

El Congreso, pues, tiene la palabra.

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