El Congreso tiene la atribución constitucional del juicio político que sin responder a “un plan sistemático para desestabilizar al gobierno” debe recuperar la estabilidad democrática
La Organización de los Americanos se reunió hace una semana y aprobó por aclamación una resolución de apoyo al gobierno de Perú para defender la institucionalidad democrática en el marco del Informe de la Fiscal de la Nación ante el Congreso que concluye que el presidente Pedro Castillo estaría a la cabeza de una organización criminal. Un informe valiente que defiende a la sociedad peruana cansada de un régimen ineficiente y de un gobernante cuyo entorno amical y familiar está involucrado en casos concretos de corrupción. Antes de votar la resolución hablaron de “crisis constitucional” pero no mencionaron la crisis de autoridad moral y de confianza.
Nadie duda del “respeto al Estado de Derecho” pero a su amparo el pueblo peruano tiene derecho a reclamar y a pedir el cambio. La Carta Democrática Interamericana pide la subordinación «constitucional de todas las instituciones del Estado“ “a la autoridad civil legalmente constituida” pero no puede obligar a soportar un gobierno que le hace daño al país. En 14 meses Castillo ha enfrentado dos intentos fallidos de vacancia y multitudinarias manifestaciones callejeras que exigen su renuncia. No solo es la oposición congresal, está la Fiscal de la Nación que a pesar de las amenazas ha informado los resultados de su investigación. En este marco la Misión de Alto nivel constatará si la victimización de Pedro Castillo tiene fundamento o es la indignación colectiva la que se impondrá.
El Congreso tiene la atribución constitucional del juicio político que sin responder a “un plan sistemático para desestabilizar al gobierno” debe recuperar la estabilidad democrática y pensar en un mejor gobierno para un país cansado de la impostura y el lamento. Que la visita de la OEA escuche y se informe para ganar el respeto de los peruanos.
