LOS MILITARES Y CASTILLO
Por Luis Gonzales Posada.
Algunos analistas no han reparado en las fuertes implicancias del comunicado 005-2022 del Comando Conjunto de las Fuerzas (CCFFAA), organismo integrado por los comandantes generales del Ejército, Marina y Aviación, cuya jefatura ejerce un representante del presidente de la República.
Fundada en 1957, en sus 65 años de existencia dicha institución nunca ha cuestionado públicamente las declaraciones políticas de un alto miembro del Poder Ejecutivo. Primó, para ello, el principio de no deliberancia establecido en el artículo 169 de la Constitución, un concepto que implica que los militares en actividad no pueden formular comentarios políticos. Es decir, deben mantenerse al margen de cualquier debate de esa naturaleza.
Ahora, sin embargo, han soslayado la rígida norma para repudiar las expresiones del premier Aníbal Torres, quien, comentando el alevoso secuestro perpetrado por ronderos chotanos a un equipo de prensa de América televisión, sostuvo que “las instituciones militares y policiales no brindan una adecuada seguridad al país”, palabras que se engarzan con la frase “ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas brindaran seguridad a todo el país”, una labor que, según su criterio, cumplen las rondas campesinas.
Esas expresiones laudatorias se dieron poco antes que delincuentes autodenominados “ronderos” secuestraran y torturaran a siete humildes mujeres en la localidad de Pataz, acusándolas de hechicería. Las imágenes de las agraviadas colgadas de los pies como reses en camal y brutalmente azotadas por energúmenos que deberían estar presos han dado la vuelta al mundo ante la deplorable indiferencia del Ministerio de la Mujer y, por supuesto, de feministas de izquierda.
Exaltar el rol de los ronderos ha sido, sin embargo, práctica común del gobierno, que pretendieron incorporarlos al sistema de seguridad ciudadana, iniciativa que no prosperó quizás porque el país fue impactado con las tomas televisivas de ese grupo desfilando en Lima con machetes y látigos, en apoyo a Pedro Castillo.
En este contexto, es interesante anotar que antes y después del pronunciamiento del CCFFAA los más altos mandos de los instituciones castrenses y policiales en situación de retiro, incluyendo quienes fueron ministros de Estado, tacharon al premier de incapaz, demandando su renuncia.
Es evidente, en consecuencia, que el gobierno no cuenta con la simpatía de las Fuerzas Armadas y de la PNP. No solo por los hechos comentados, sino porque el mandatario nombró ministros y altos funcionarios públicos a personas vinculadas al terrorismo, que las instituciones castrenses combatieron con un alto costo de muertos, heridos y discapacitados.
Otro factor del distanciamiento ha sido que Castillo pase al retiro a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea por negarse a cumplir la orden ilegal de ascender a oficiales no calificados, hecho que forma parte de la carpeta de investigaciones de la fiscal de la Nación. Y, asimismo, un tercer tema lo constituye la designación como jefes de los sistemas de inteligencia y de poderosas regiones militares a chotanos o amigos del mandatario.
Con un 76% de rechazo en las encuestas -88% en Lima- y su bancada parlamentaria reducida a diez legisladores, Castillo atraviesa una situación crítica luego que la nueva fiscal de la Nación, doctora Patricia Benavides, decidiera revocar la resolución de su antecesora, Zoraida Avalos, ingratamente recordada por los demócratas del Perú, para iniciar un conjunto de investigaciones delicadas contra el zarandeado presidente. En esta crisis galopante, que puede ser terminal para Castillo, la animadversión de los uniformados cuenta mucho.