Un total de 2,612 sentenciados por diversos delitos y separados del sistema educativo, no volverán a las aulas. «Nunca más violadores ni terroristas», manifestó la ministra de Educación (Minedu), Magnet Márquez.
Entre los condenados que han sido separados del magisterio, el mayor número es por violación de la libertad sexual con 1,833 sentenciados,
Otros 509 por tráfico de drogas, 81 por terrorismo y apología del terrorismo, 78 por homicidio doloso, 37 por proxenetismo, 26 por secuestro, 12 por parricidio y 11 por secuestro extorsivo, entre otros delitos.
Durante la firma del compromiso “Tolerancia cero a criminales en nuestras escuelas”entre el Minedu y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), la ministra explicó que el registro de condenados que no pueden regresar a laborar en los centros educativos no estaba actualizado y ahora se está coordinando a nivel nacional, en base a una mejor interconexión tecnológica con el Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Servir.
“El Ministerio de Educación tiene acceso al registro nacional de condenados del Poder Judicial, por lo que permanentemente se verifica con nuestra planilla para no permitir que se generen pagos. Esa labor se coordina con el MEF y Servir”, puntualizó.
Lima Metropolitana se concentra el mayor número de sentenciados, con 481 casos
Según las cifras de condenados, que ahora ya están en el padrón que impide generarles pago alguno en el sector educativo, en Lima Metropolitana se concentra el mayor número de sentenciados, con 481 casos, le sigue Cajamarca (159), San Martín (157), Piura (138) y Ayacucho (134).
En la lista sigue Ancash (118), Cusco (116), La Libertad (113), Huánuco (111), Junín (105), Loreto (101), Apurímac (93), Lima provincias (85), Puno (84), Lambayeque (83), Amazonas (73), Huancavelica (69), Ucayali (66), Arequipa (66), Ica (65) y Callao (48).
“Ahora hemos logrado, con Servir y el MEF, bloquear de forma definitiva en la planilla de recursos humanos del sector público a los 2,612 condenados, lo que es muy importante para generar entornos educativos seguros para nuestros estudiantes”, precisó la titular del sector.
No obstante, la funcionaria advirtió que su gestión había detectado a 297 condenados por diferentes delitos que habían vuelto a trabajar en diversos colegios. Ello, porque había un bloqueo por falta de coordinación y equipos que permitan la operatividad a nivel nacional.
“La decisión del gobierno es proteger a nuestros escolares y ahora hemos confirmado que son 2,612 los separados del sistema educativo que nunca más volverán a las aulas”, subrayó.
Asimismo, precisó que la ley es clara para los condenados por dichos delitos, porque el Tribunal Constitucional ratificó en el expediente 2120-2021-AA-TC que no pueden volver a los colegios, sin que eso afecte que puedan desarrollarse en otras actividades, “porque se prioriza el bienestar y seguridad del menor sobre cualquier otro derecho de los rehabilitados”.
