es indispensable que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre el impacto de estas medidas, anunciadas como transitorias pero que apuntan a ser permanentes.
La multitudinaria marcha realizada el pasado martes 5 de abril en Lima, en lo político deja varios mensajes inequívocos: el hartazgo sobre Pedro Castillo es altísimo y sigue creciendo, que la clase política ha pasado al nivel de prescindible y que el Congreso es tan mediocre como el Ejecutivo.
En lo económico, el resultado es catastrófico, no lo digo por las cifras de las pérdidas ocasionadas por el toque de queda, sino porque no ha salido ni una idea, menos una medida para revertir el difícil momento que estamos viviendo.
Por lo contrario; desde el gabinete ministerial se ha apuntado por consolidar el desorden, por la complacencia con la informalidad en el transporte, y desde el Legislativo, con una iniciativa de Acción Popular, de derogar los contratos-ley, que son la garantía para los inversionistas en infraestructura, que sí deben ser materia de mejora, pero no de desaparición.
Luego de la eliminación de impuestos selectivos a los combustibles-gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos y diésel 2- y la anunciada pero aún no publicada eliminación del IGV del pollo, huevos, fideos y trigo; es indispensable que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre el impacto de estas medidas, anunciadas como transitorias pero que apuntan a ser permanentes.
Por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha quedado la percepción que estamos ante un ministro que se deja zarandear por el gobernante y sus aliados, ¿desde cuando un titular de esa cartera se deja llevar a un evento público como el de Huancayo donde el griterío es el que impondría condiciones? Esperamos del ministro liderazgo e iniciativa, que hasta el momento no se le ha visto.
Si el crecimiento de la inversión privada será nulo este año, y con altas probabilidades que sea negativo respecto al año pasado, la apuesta tiene que ser por la inversión pública y no bastará como se ha venido haciendo desde siempre, dejar que las distintas carteras ministeriales, empresas estatales, gobiernos locales y regionales; hagan lo que puedan.
Se tiene que hacerles seguimiento permanente y ayudarles a que concreten su ejecución presupuestal. Esa es tarea para el MEF, y tendrá que disponer de un equipo para lograrlo.
La actividad económica intensa debe ser el motor para paliar en la ciudadanía el incremento de los costos de los bienes y servicios que tiene una importante componente internacional. No se puede estar apuntando a tiempo completo por el asistencialismo ni por la perforación de la caja fiscal, corriente que se viene practicando desde marzo del 2020 cuando se empezó con el confinamiento por el Covid-19.
También se tiene que apostar por el uso racional de recursos manejados desde el aparato estatal, limitar drásticamente los servicios tercerizados de consultorías inútiles, el dispendio en el avisaje en los medios de comunicación, los viajes improductivos de funcionarios, las inauguraciones con alto despliegue de gastos. Todo esto no solo tiene efecto en los recursos sino en la percepción del ciudadano.
Un apunte importante sobre el tema inauguraciones, para el próximo día 12 de los corrientes, se anuncia la del Proyecto de Modernización de Refinería Talara, de Petroperú, donde Pedro Castillo piensa obtener réditos de popularidad.
Mucha cautela, lo que se hará ese día es el inicio de pruebas de algunas de las 16 unidades de proceso nuevas, no hay que crear falsas expectativas, se está poniendo la mirada en la petrolera estatal para ser marcador de precios bajos en el mercado, y eso está lejos de ocurrir. El lanzamiento por todo lo alto de un hecho aún incipiente, se va convertir en búmeran.