El derecho a la educación corresponde a todos, pero también el derecho a estudiar sin miedo.
Lo ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise debe encender todas las alarmas. Un adolescente de 16 años ha denunciado una presunta agresión sexual cometida por compañeros, actualmente investigada por la Fiscalía. Pero existe un antecedente particularmente grave: su tía afirma que durante tres años fue víctima de bullying y que su madre denunció reiteradamente el acoso ante el colegio sin que se adoptaran medidas capaces de detenerlo.
Si una institución recibe advertencias reiteradas y no actúa con diligencia, el problema deja de ser únicamente la conducta de los agresores. También surge una responsabilidad institucional por omisión.
La autoridad escolar tiene el deber de prevenir, investigar, proteger y hacer seguimiento. No basta con recibir una denuncia, llenar un formulario o convocar una reunión: debe garantizarse que la víctima esté a salvo y que la violencia no continúe bajo ninguna forma. No estamos frente a un problema aislado. El Consejo Nacional de Educación informó que en un año se reportaron 19,642 casos de violencia escolar en el sistema SíseVe y que el 27% correspondió a violencia sexual. Son cifras estremecedoras que demuestran que nuestros colegios enfrentan una crisis de violencia que exige una política nacional mucho más enérgica.
Cada registro representa a un estudiante cuya integridad, salud mental y derecho a aprender pueden haber sido afectados. Tenemos leyes, reglamentos, protocolos, plataformas para denuncias y programas de prevención. Sin embargo, algo evidentemente no funciona. La Ley 29719 y sus normas ampliatorias, vigente desde 2011, busca prevenir y erradicar el acoso escolar.
El Ministerio de Educación actualizó en 2025 sus protocolos contra el bullying, ciberbullying y otras formas de violencia. Pero las denuncias continúan acumulándose. La existencia de normas no sirve si las autoridades no las aplican oportunamente ni responden por sus omisiones.
Existe, además, un problema que debe discutirse sin prejuicios: la imposibilidad práctica de expulsar al agresor reiterativo. El propio Ministerio de Educación ha sostenido que expulsar a estudiantes involucrados en bullying contraviene la ley y que deben aplicarse medidas correctivas, reparadoras y formativas. El principio educativo es comprensible, pero no puede convertirse en una licencia para que la víctima siga expuesta. La protección del agresor no puede prevalecer sobre la integridad física y emocional de quien sufre la violencia.
El derecho a la educación corresponde a todos, pero también el derecho a estudiar sin miedo. Cuando existe bullying reiterado, violencia física o sexual, amenazas o conductas graves debidamente acreditadas, el sistema debe permitir separar al agresor del entorno de su víctima, garantizando simultáneamente su continuidad educativa mediante traslado, educación virtual u otro mecanismo.
La prioridad debe ser impedir la revictimización: ningún estudiante debe ser obligado a compartir aulas, recreos o espacios digitales con quien lo amenaza o agrede mientras se evalúan los hechos.
Necesitamos una política nacional de prevención que incluya detección temprana, psicólogos suficientes, capacitación obligatoria de profesores, comunicación inmediata con los padres, registro obligatorio y seguimiento efectivo de cada denuncia. También se requieren canales confidenciales y accesibles para que los estudiantes puedan pedir ayuda sin temor a represalias.
Y deben establecerse responsabilidades concretas para directores y autoridades que, conociendo hechos graves, minimicen las denuncias, retrasen la intervención o miren hacia otro lado. La negligencia institucional no puede quedar sin consecuencias.
El caso del Liceo Naval debe investigarse hasta establecer todas las responsabilidades. Pero también debe producir un cambio. Ninguna norma concebida para proteger a un escolar puede terminar dejando indefenso a otro. Prevenir primero, intervenir de inmediato, proteger de manera efectiva y, cuando sea indispensable, separar al agresor. La autoridad escolar debe rendir cuentas por cada denuncia ignorada y por cada víctima que no haya sido protegida.
La víctima nunca puede ser quien tenga que abandonar el colegio. NUNCA
(*) Presidente de Perú Acción Presidente del Consejo por la Paz
