lo que queda es una sociedad huérfana de República, donde la ley del más fuerte se impone sobre los derechos fundamentales
El sistema republicano, en su concepción más ética y funcional, se basa en la separación de poderes, la garantía de derechos fundamentales y la protección del bien común. La República debe servir como estructura política para asegurar la vida, la libertad y la dignidad de sus ciudadanos. Sin estos principios, el contrato social que une a una nación se resquebraja, dejando a la sociedad a merced del caos y la anarquía.
Sin embargo, en un país que se proclama como una República Liberal, Democrática de Estado Constitucional de Derecho, pero que no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos, la idea misma de República se vuelve una ficción. La realidad muestra un país donde los asesinatos crecen en número y crueldad, donde niños y adolescentes, mujeres y ancianos caen víctimas de la violencia criminal.
Mientras tanto, el consumo y la riqueza aumentan, pero en un entorno donde más del 85% de la economía opera fuera del sistema financiero formal. No existe una base agrícola que asegure la autosuficiencia alimentaria, ni un modelo industrial que genere valor añadido a la economía. La riqueza popular, en su mayor parte, proviene de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, con muchas empresas formales beneficiándose de manera solapada.
El Estado, en su abandono, no provee ni educación ni salud de calidad, muchos jóvenes capaces buscan migrar ante la frustración de las reducidas oportunides de desarrollo digno y prometedor. Se observan fallos estructurales cotidianos: un día se derrumba un puente, otro día un apagón paraliza el principal aeropuerto de la región, y al siguiente se declara un estado de emergencia que solo confirma la impotencia gubernamental frente al crimen.
A esto se suma un conflicto permanente entre los poderes del Estado. Ejecutivo, Legislativo y Judicial se disputan parcelas de poder sin consideración por la separación de funciones que fundamenta la República. Mientras tanto, la corrupción marca el calendario electoral, y el crimen organizado ya no solo infiltra la economía, sino también el poder formal, con asesinatos políticos como método de control, y el dominio real de espacios fronterizos para consolidar las economías ilegales que lo sustentan.
En un país así, no se puede hablar de ciudadanos republicanos, porque la República ha dejado de existir en los hechos. Cuando el Estado no protege la vida ni la dignidad de sus habitantes, cuando las instituciones son instrumentos de lucha por intereses particulares y no garantes del orden y la justicia, lo que queda es una sociedad huérfana de República, donde la ley del más fuerte se impone sobre los derechos fundamentales. De hecho hoy tenemos a ciudadanos sin República.
