El Perú no necesita una justicia de vencedores y vencidos. Necesita una justicia de ciudadanos. No necesita tribunales que escriban la historia desde una ideología, sino magistrados que determinen responsabilidades conforme al Derecho.
La historia de una nación no solamente se escribe en los libros. También puede escribirse en los tribunales. Y cuando quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia interpretan el pasado desde posiciones ideológicas, o, políticas preconcebidas, existe el peligro de que la justicia deje de establecer responsabilidades individuales y termine convirtiéndose en una herramienta para construir un determinado relato histórico.
Eso es precisamente lo que el Perú debe evitar y corregir.
Las denuncias formuladas por el congresista Fernando Rospigliosi respecto de actuaciones de fiscales y jueces en procesos que involucran a militares y policías que combatieron a Sendero Luminoso, el MRTA y la delincuencia criminal plantean interrogantes que no pueden ser respondidas con insultos, etiquetas políticas o silencios institucionales.
La pregunta es sencilla, pero trascendental: ¿Se está aplicando la Constitución y la ley, o se están utilizando determinadas interpretaciones jurídicas para llegar a conclusiones previamente establecidas?
Si ocurre lo primero, estamos ante la justicia. Si ocurriera lo segundo, estaríamos frente a algo gravísimo: la utilización del aparato judicial para intervenir en la interpretación política de la historia.
Y allí aparece el concepto de “sicariato judicial de la historia”.
No se trata de afirmar que todos los fiscales y jueces actúen de esa manera, ni que todo proceso contra militares o policías sea ilegítimo. Todo ciudadano que haya cometido un delito debe responder ante la justicia, independientemente de su uniforme, cargo o institución.
Un militar que haya cometido un delito debe ser juzgado. Un policía que haya cometido un delito debe ser juzgado. Pero nadie puede ser condenado simplemente por haber pertenecido a una institución, participado en la lucha contra el terrorismo o porque décadas después alguien pretenda reconstruir aquellos acontecimientos desde una determinada interpretación política.
La responsabilidad penal es individual. La culpa no puede ser colectiva.
El Perú vivió durante décadas una de las etapas más violentas de su historia republicana. Sendero Luminoso y el MRTA utilizaron el asesinato, el secuestro, la destrucción y el terror para intentar quebrar el Estado y someter a la sociedad. Hoy, además, enfrentamos organizaciones criminales que utilizan la extorsión, el secuestro, el sicariato y otros delitos.
Frente al terrorismo estuvieron miles de policías y militares. Muchos cumplieron su deber dentro de la ley y otros pagaron con su vida la defensa de la patria y democracia.
También pudieron producirse abusos y delitos que deben ser investigados y, cuando corresponda, sancionados.
Pero una cosa es investigar delitos concretos y otra muy diferente convertir la lucha contra el terrorismo en una presunción de culpabilidad para quienes tuvieron la responsabilidad de enfrentarlo defendiendo la constitución y las leyes. Ahí comienza la distorsión.
La independencia judicial es uno de los pilares de la democracia, pero no significa que los jueces estén por encima de la Constitución y las leyes. Un juez independiente debe decidir sin presiones políticas, pero sometido al ordenamiento jurídico.
La Constitución, la ley, el debido proceso y la prueba establecen límites que no pueden desaparecer porque una determinada interpretación histórica resulte políticamente conveniente.
Si una conducta no estaba tipificada como delito al momento de ocurrir, cualquier intento posterior de aplicar categorías jurídicas desarrolladas después debe examinarse con extremo rigor. Las garantías constitucionales y procesales deben respetarse.
El Derecho no puede convertirse en una herramienta para producir la condena que alguien desea.
Por eso, las denuncias de Fernando Rospigliosi merecen ser examinadas seriamente. No porque un congresista tenga automáticamente la razón, sino porque ninguna institución democrática debe temer al escrutinio.
Si las denuncias son falsas, deben ser refutadas con expedientes, normas, pruebas y argumentos jurídicos. Pero si existen decisiones que vulneran la Constitución, desconocen la legislación aplicable o fuerzan interpretaciones para alcanzar determinadas condenas, corresponde investigar y establecer responsabilidades.
La justicia también debe rendir cuentas.
Existe además otro riesgo: el “sicariato de la verdad”. Primero se seleccionan víctimas, se silencian otras, se relativiza el terrorismo y se construye una versión unilateral de los acontecimientos. Después, esa versión puede terminar entrando en los expedientes judiciales.
Cuando un determinado relato histórico se convierte en una premisa judicial incuestionable, el proceso corre el riesgo de dejar de investigar lo ocurrido para limitarse a confirmar aquello que previamente se decidió creer.
El Perú no necesita una justicia de vencedores y vencidos. Necesita una justicia de ciudadanos.
No necesita tribunales que escriban la historia desde una ideología, sino magistrados que determinen responsabilidades conforme al Derecho. No necesita impunidad para nadie, pero tampoco persecución para nadie.
La reconciliación nacional no se construye condenando eternamente a quienes defendieron al Estado ni negando los crímenes que pudieron cometer algunos agentes estatales. Se construye reconociendo toda la verdad, toda la violencia, todas las víctimas y todas las responsabilidades.
La verdad completa, no la verdad conveniente.
Porque si se permite que la historia sea secuestrada y ese relato llega a los tribunales sin el necesario control constitucional y jurídico, podemos terminar asistiendo al nacimiento de algo todavía más peligroso: el sicariato judicial de la historia.
Un sicariato que no necesita armas. Le basta una interpretación torcida, una prueba ignorada, una norma aplicada fuera de contexto o una sentencia que convierta una determinada visión política del pasado en verdad judicial.
Por eso, la defensa del Estado de Derecho debe ser absoluta:
La Constitución debe estar por encima de las ideologías.
La ley debe estar por encima de las conveniencias políticas.
La prueba debe estar por encima del relato.
Y la justicia debe estar por encima de la historia oficial de cualquier sector.
Cuando un juez condena a un culpable conforme a la ley, fortalece la República. Pero cuando se fuerza la interpretación de la ley para condenar a alguien por razones ajenas al Derecho, se destruye la confianza del ciudadano en la justicia.
Y cuando un país pierde esa confianza, comienza a perder algo todavía más importante: la certeza de que la Constitución protege a todos por igual.
El Perú no puede esperar más. Debemos impedir que las leyes destinadas a combatir el terrorismo, la minería ilegal, el narcotráfico y las organizaciones criminales nacionales y transnacionales sean debilitadas por intereses políticos, y exigir que la justicia las aplique con rigor, dentro del marco constitucional y respetando el debido proceso.
¡JUSTA JUSTICIA, IGUAL PARA TODOS EN EL PERÚ! ¡COMUNISMO Y TERRORISMO, NUNCA MÁS!
La Constitución debe estar por encima de las ideologías.