En política, la legitimidad no se construye mediante declaraciones grandilocuentes ni mediante la invocación selectiva de principios democráticos. La legitimidad se obtiene a través del respaldo ciudadano expresado en las urnas.
Existe una diferencia sustancial entre defender principios democráticos y utilizar el discurso democrático como recurso de supervivencia política. El rol que viene desempeñando Roberto Sánchez en los últimos días parece ubicarse en esta segunda categoría.
Hoy, cuando exige lo que denomina «respeto al voto popular», lo que en realidad queda evidenciado no es la defensa de un principio, sino la angustia de quien intenta aferrarse a una cuota de poder y mantener una presencia pública que las urnas le negaron. Después de no haber alcanzado siquiera la votación mínima que le permitiera acceder al Congreso ha terminado, como suele decirse popularmente, «sin soga y sin cabra»: sin representación propia, sin respaldo electoral suficiente y sin una plataforma política con perspectivas reales de permanencia.
Su trayectoria reciente resulta ilustrativa. Pasó de ser un opaco candidato presidencial, cuyo principal soporte político provenía de los sectores más identificados con el castillismo, a convertirse en un actor cada vez más irrelevante dentro del escenario nacional. En su afán por construir una opción electoral competitiva, no dudó en convocar y acercarse a fuerzas políticas y sociales que representan posiciones radicales y profundamente cuestionadas por amplios sectores del país, incluyendo expresiones vinculadas al Movadef y al antaurismo. Aquella apuesta, lejos de fortalecerlo, develó la precariedad de su proyecto político.
Hoy, tras la victoria electoral de Keiko Fujimori, la realidad parece haberlo orillado a una circunstancia difícil de disimular: ha pasado a convertirse, para efectos prácticos, en un auténtico NN de la política nacional. Su pretensión de mantener vigencia a partir de un eventual liderazgo sobre la representación congresal de Juntos por el Perú luce desproporcionada y revela una dosis de inconsistencia.
La experiencia reciente demuestra que las coaliciones construidas sobre la urgencia electoral y no sobre la cohesión ideológica o programática suelen tener una efímera existencia. Todo indica que la representación parlamentaria de Juntos por el Perú enfrentará, más temprano que tarde, un proceso de fragmentación interna y dispersión política. La eventual diáspora de sus integrantes terminará por reducir a dicha agrupación a su real exigua existencia.
En política, la legitimidad no se construye mediante declaraciones grandilocuentes ni mediante la invocación selectiva de principios democráticos. La legitimidad se obtiene a través del respaldo ciudadano expresado en las urnas. Y cuando ese respaldo no existe, insistir en mantener artificialmente una presencia política puede terminar exponiendo, más que liderazgo o convicción, una desesperada resistencia a aceptar que el ciclo político propio ha llegado a su fin.