OPINIÓN/ DELITOS DE LESA PATRIA: CON UNA BAJEZA SIN LÍMITE

Por: Julio Ubillus Soriano

El nefasto régimen del   actual   reo rematado   Alejandro   Toledo   Manrique   y   su mayoría parlamentaria entre el año 2001 y 2006, bajo el pretexto de facilitar proyectos de inversión de desarrollo, prestación de servicios públicos y de necesidad y utilidad pública; se estableció un modelo de permanentes fraudes en agravio   del   Estado,   teniendo   a   Pedro Pablo Kuczynski   como  ministro de Economía y Finanzas y Primer Ministro.

Su primer acto de gobierno, con el voto de su  Consejo  de  Ministros,  fue modificar la Ley de Compra y Adquisición de Servicios del Estado,  vía facultades de iniciativa legislativa. En el 2001 remite proyecto de ley -para su aprobación en el Congreso- sobre esa modificación, permitiendo que las empresas que adeuden impuestos, procesos judiciales con el Estado y sometidas a otros tipos de investigaciones, puedan postular como consorciados.

Esta perversa modificación legislativa, se hizo para  que Odebrecht, Camargo  y  Correa   y  otras  empresas brasileñas  (según investigación del Diario La República de aquella época), se adjudicaran 41 proyectos de leyes de obras, que terminaron en manos de estas Constructoras, por un monto de  35  mil  millones  de   dólares; sin que  los  Organismos Fiscalizadores hayan podido establecer los excesos en costos y los  valores  reales  de estas   obras.

Pero   lo   que   resulta evidente,  con el dominio de mercado por el llamado Cartel de la   Construcción,   con   este   monopolio   coparon   gran porcentaje de las obras en todo el territorio nacional con graves consecuencias económicas, discriminando a Constructoras Nacionales, quiebre de la moral de la clase política, corrupción de funcionarios de la alta dirección; con la atingencia que al dejar la función pública, desde Toledo, PPK,  ministros   y  empleados públicos utilizaron   la desafortunada ley, para que directamente pidieran coimas por las cuales se ven ahora procesados.

Para lograr estos nefastos propósitos, se contó siempre con leyes del Congreso, cómplice para los fines expoliadores. Felonía contra el país que tuvo su correlato en la impunidad. Negro episodio en nuestra historia política del país, y que la responsabilidad política y   penal por estos  actos  se originan por la falta de fiscalización del Poder Legislativo, al abdicar sus  facultades  de   evaluación   legal,  ética y moral de la gestión pública, abriendo espacios oscuros en el Ministerio Público y el Poder Judicial, como un apéndice de la justicia brasileña.

Finalmente, que diría Don Ramon Castilla en su Constitución de 1856 cuando sanciona los delitos de lesa patria, de someter de alguna forma nuestra soberanía institucional a otro país