OPINIÓN/ Surco: Cuando la fiscalización se convierte en arma política
Escribe: Alexandre Ridoutt Agnoli
Cor. FAP
Estamos ante un patrón de hostilidad institucional que, por su naturaleza y reiteración, configura un uso arbitrario del poder público.
Lo que viene ocurriendo entre la Municipalidad de Surco y la Fuerza Aérea del Perú ha dejado de ser un desacuerdo administrativo.
El alcalde de Surco, señor Carlos Bruce, ha sostenido una marcada posición de rechazo hacia la operación de la Base Aérea Las Palmas bajo el argumento del impacto sonoro. Ese argumento, válido en el ámbito urbano si se canaliza técnicamente, se vuelve irresponsable cuando ignora deliberadamente el rol estratégico de dicha base:
SER EL PRINCIPAL AEROPUERTO ALTERNO DE LIMA ANTE LA EVENTUAL INOPERATIVIDAD DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ EN ESCENARIOS DE DESASTRE MAYOR.
No es una hipótesis lejana. EL PERÚ SE UBICA EN UNA DE LAS ZONAS SÍSMICAS MÁS ACTIVAS DEL MUNDO, DENTRO DEL CINTURÓN DE FUEGO DEL PACÍFICO, con antecedentes de eventos de gran magnitud que han generado daños estructurales y tsunamis capaces de afectar severamente la infraestructura costera.
A ello se suma un elemento crítico: el denominado “SILENCIO SÍSMICO” en la costa central. Diversos especialistas en geofísica han advertido que el segmento frente a Lima presenta una acumulación significativa de energía por la ausencia prolongada de sismos mayores. Este fenómeno no implica menor riesgo; por el contrario, INDICA LA POSIBILIDAD DE UN EVENTO MAYOR PENDIENTE DE LIBERACIÓN, con consecuencias potencialmente severas sobre una ciudad densamente poblada y altamente dependiente de infraestructura crítica costera.
En ese contexto, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez presenta una vulnerabilidad estructural evidente: su ubicación en una zona baja, cercana al litoral y expuesta a inundación y licuefacción. Su eventual afectación no solo interrumpiría el transporte aéreo comercial, sino también la capacidad de respuesta ante emergencias a gran escala.
Frente a ese riesgo, la Base Aérea Las Palmas no es una instalación accesoria:
ES UN ACTIVO ESTRATÉGICO DE RESPALDO, CON CAPACIDAD DE SOSTENER OPERACIONES CRÍTICAS CUANDO EL PRINCIPAL AEROPUERTO DEL PAÍS QUEDE INOPERATIVO.
Reducir el debate a variables locales como el ruido, sin incorporar este contexto geodinámico real, no solo es una simplificación técnica:
ES UNA OMISIÓN GRAVE.
la planificación de infraestructura crítica no puede hacerse de espaldas al riesgo sísmico acumulado.
Bajo esta lógica, Las Palmas adquiere un valor que trasciende cualquier discusión local.
ES UN ACTIVO CRÍTICO DE REDUNDANCIA OPERATIVA PARA LIMA Y PARA EL PAÍS.
Su rol como aeropuerto alterno en emergencias evacuaciones, puente aéreo humanitario, operaciones de defensa civil y soporte logístico LA CONVIERTE EN PIEZA ESENCIAL DEL SISTEMA DE RESILIENCIA NACIONAL.
Debilitar su capacidad operativa, ya sea por presión política o restricciones administrativas, no constituye un simple conflicto urbano.
ES, EN TÉRMINOS TÉCNICOS, UNA DEGRADACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL ESTADO.
Las infraestructuras críticas no se evalúan por su uso cotidiano, sino por su desempeño cuando todo lo demás falla. Bajo ese principio, limitar la operatividad de Las Palmas es una decisión que ignora estándares básicos de gestión de riesgos a nivel país.
PERO EL PROBLEMA NO TERMINA AHÍ.
Existe un conflicto concreto por el uso de terrenos cedidos por la Fuerza Aérea del Perú a la municipalidad bajo condiciones explícitas: fines ecológicos y sin explotación comercial. El proyecto “Voces por el Clima” se enmarcaba en esa lógica. Sin embargo, existen indicios de uso con fines de lucro, desnaturalizando la cesión. Frente a ello, la FAP ejerce un derecho básico:
SOLICITAR LA REVERSIÓN DEL BIEN.
La reacción municipal no ha sido la regularización ni la devolución, sino la confrontación.
Aquí aparece el elemento más grave:
La instrumentalización de la fiscalización técnica
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El caso del Fundo Odría es ilustrativo. El complejo cuenta con un CERTIFICADO ITSE VIGENTE (2025–2027), OTORGADO POR LA PROPIA MUNICIPALIDAD DE SURCO TRAS UN PROCESO FORMAL DE INSPECCIÓN Y APROBACIÓN.
A pesar de ello:
Se ejecuta una inspección inopinada.
Se desconocen actos administrativos firmes emitidos por la misma autoridad.
Se formulan observaciones sobre planos previamente aprobados.
Se invalida en la práctica un certificado vigente sin sustento técnico sólido.
SE PROCEDE A LA CLAUSURA BAJO ARGUMENTOS CONTRADICTORIOS.
ESTO NO ES FISCALIZACIÓN. ES DESVIACIÓN DE PODER.
Desde el punto de vista jurídico-administrativo, se vulneran principios esenciales:
Legalidad
Predictibilidad y confianza legítima
Interdicción de la arbitrariedad
Debido procedimiento
Más aún, estas acciones ocurren en la antesala de un evento institucional y nacional relevante: UN FESTIVAL AÉREO EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS, con participación de aeronaves de alto nivel como los F-16 RECIENTEMENTE COMPROMETIDOS EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA FAP.
Interferir en ese contexto proyecta un mensaje peligroso:
LA SUBORDINACIÓN DE LO ESTRATÉGICO A LO POLÍTICO LOCAL.
Aquí es donde el problema adquiere su verdadera dimensión.
LAS FUERZAS ARMADAS NO SON ACTORES PRIVADOS.
Son instituciones del Estado con un rol constitucional en la defensa nacional. Pretender condicionarlas mediante mecanismos administrativos locales no solo es impropio:
ES INSTITUCIONALMENTE INACEPTABLE.
LA POPULARIDAD DE UNA AUTORIDAD LOCAL no le otorga licencia para debilitar capacidades estratégicas del país, ni para utilizar instrumentos técnicos como el ITSE como herramientas de coerción.