… cuando se da el paso en falso, cuando se mete la pata de manera colectiva, resulta difícil salir del atolladero.
El Congreso de la República no logró, en segunda votación, aprobar la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, ejercicio democrático que fue eliminado en octubre del 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala, quien celebró con entusiasmo la medida. “Saludo que el Congreso haya aprobado la eliminación de la reelección en gobiernos regionales y locales. Eso es lo que genera la corrupción, por eso hay alcaldes y presidentes regionales prófugos y presos”, afirmó Humala en esa oportunidad.
Reflexión vaga e insustancial. Está demostrado que la corrupción —mal endémico de la sociedad peruana y anclado en las acciones de la clase gobernante hace varios siglos— tiene otros estímulos ajenos a la posibilidad de seguir ejerciendo una función pública electiva (Humala y su esposa son ejemplo de ello). Como también está demostrada la parálisis e ineficacia estatal cuando se eligen autoridades nuevas sin experiencia y que deben aguardar a veces más de un año para “aprender”.
La representación parlamentaria de entonces, inicialmente controlada por el oficialismo en alianza con Perú Posible de Alejandro Toledo y algunos tránsfugas, abrió así la puerta a su propio cadalso. ¿Con qué autoridad moral impedían la reelección de autoridades en los gobiernos subnacionales dejando a salvo la propia?
Y en esta batalla demagógica, surgió la iniciativa del sujeto más despreciable de la política nacional del último medio siglo, Martín Vizcarra Cornejo, quien en 2018 llevó a un referéndum la consulta sobre la anulación de la reelección de los legisladores. Consulta que, por supuesto, ganó abrumadoramente por su carácter plebiscitario y populista, donde no se tomó en cuenta el sólido argumento relativo al bajo porcentaje de parlamentarios reelectos (no más del 20 %) en los comicios de los últimos 20 años, algo que igualmente ocurría con alcaldes y gobernadores.
Y si nos remontamos algo más en el tiempo para escudriñar decisiones nefastas en torno al sistema representativo, es inevitable recordar la decisión del bloque mayoritario del Congreso Constituyente de 1993, el cual eliminó la bicameralidad adhiriendo a la tesis del presidente Alberto Fujimori esgrimida luego del autogolpe del 5 de abril del año anterior. Con el tiempo, el fujimorismo cambió de opinión y pugnó por el restablecimiento del Senado. Sin embargo, tuvo que pasar más de dos décadas para materializar este paso sensato por el que sea posible tener una cámara revisora de los proyectos de ley aprobados por los diputados.
Si estamos como estamos, con escasa legitimidad de los dirigentes elegidos y a quienes se les impone permanentemente la ruleta rusa de la vacancia o inhabilitación, es por el borreguismo ciudadano de admitir el enunciado más sencillo que activa emociones antes que razones. Y cuando se da el paso en falso, cuando se mete la pata de manera colectiva, resulta difícil salir del atolladero.
