Entre la desconfianza electoral, el antivoto y el riesgo de otra crisis nacional
La creciente desconfianza ciudadana frente al proceso electoral no surge únicamente de rumores, redes sociales o polarización política. Surge, sobre todo, de las múltiples irregularidades observadas y denunciadas durante el proceso, sumadas a la percepción de pasividad, contradicciones y falta de firmeza mostrada por las máximas autoridades electorales, especialmente la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, encargadas de garantizar transparencia, legalidad y legitimidad democrática.
Lejos de transmitir seguridad institucional, las recientes decisiones y declaraciones del sistema electoral parecen haber profundizado las dudas de una parte importante de la ciudadanía. La demora en esclarecer las irregularidades denunciadas, sumada a la percepción de resistencia a investigarlas con total transparencia, así como la contratación de auditorías consideradas por muchos insuficientes, poco profesionales o carentes de verdadera independencia, no ha contribuido a recuperar confianza; por el contrario, ha incrementado la sensación de que el país avanza hacia una proclamación acelerada sin haber disipado plenamente los cuestionamientos existentes.
Las irregularidades observadas ya no parecen simples errores de planificación o fallas aisladas del sistema, sino parte de un esquema cuidadosamente estructurado que terminó debilitando gravemente la confianza en el proceso electoral. Y precisamente por ello, muchos consideran que el país no debe resignarse a aceptar resultados que nazcan bajo una sombra persistente de duda y cuestionamiento.
El problema de fondo ya no es únicamente jurídico ni procedimental. Es político, institucional y moral. Porque cuando millones de ciudadanos perciben que las autoridades electorales administran los tiempos bajo presiones o intereses ajenos a la transparencia del proceso, priorizando el calendario electoral antes que la recuperación de la confianza pública, el riesgo deja de ser una simple controversia electoral y comienza a transformarse en una potencial crisis de gobernabilidad.
Y mientras el país se acerca a la fecha anunciada para la proclamación oficial de resultados de la primera vuelta, el Perú parece ingresar a un escenario particularmente delicado: un escenario en el que el eventual ganador podría obtener reconocimiento legal para competir en la segunda vuelta, pero hacerlo bajo una persistente sombra de duda sobre la transparencia y credibilidad del proceso electoral, agravada por el silencio cómplice de sus autoridades.
En medio de ese clima de incertidumbre y confrontación, el Perú corre nuevamente el riesgo de repetir uno de los errores más graves de su historia reciente: votar impulsado más por el odio, el miedo o el antivoto que por una reflexión responsable sobre el futuro nacional.
El Perú ya vivió en 2021 lo que ocurre cuando una elección deja de decidirse desde la racionalidad y termina siendo arrastrada por la polarización emocional. Millones terminaron votando no en función del país que querían construir, sino únicamente para impedir que otro llegara al poder.
El resultado fue un gobierno marcado por la improvisación, la incapacidad, el enfrentamiento permanente y los constantes cuestionamientos de corrupción, factores que terminaron costándole al país otros cinco años de retroceso en crecimiento, estabilidad, inversión y bienestar para millones de peruanos.
El problema es que el odio político suele ser un pésimo consejero. Mientras algunos celebraban haber “derrotado” a su adversario ideológico, el Perú comenzaba lentamente a perder estabilidad, confianza y capacidad de crecimiento: aumento de la pobreza, deterioro institucional, inseguridad creciente y un Estado progresivamente más incapaz y deslegitimado, sin autoridad profesional ni moral para enfrentar los verdaderos problemas de la población.
Y hoy, cuando nuevamente el país parece acercarse a una elección polarizada entre los mismos sectores políticos de 2021, la pregunta ya no debería ser a quién odiamos más.
¿Qué país esperamos encontrar el 2031?
Esa es la pregunta que hoy deberían hacerse no solo los ciudadanos, militantes y simpatizantes, sino también los líderes de los partidos y agrupaciones políticas que aspiran algún día a gobernar el país.
Porque gobernar una nación no es un juego ideológico ni una revancha emocional. Las malas decisiones políticas tienen consecuencias reales sobre millones de personas y pueden destruir en pocos años el crecimiento, la estabilidad y las oportunidades que toman décadas construir.
El Perú enfrenta hoy una decisión que va mucho más allá de una elección o de una disputa entre candidatos. Lo que está en juego es el tipo de país que construiremos y dejaremos hacia el 2031: un país capaz de seguir creciendo, generando inversión, empleo y desarrollo para mejorar las condiciones de vida de su población, o un país debilitado, empobrecido y atrapado en el fracaso del estatismo, el populismo, la corrupción y el deterioro progresivo de sus instituciones.
La historia reciente de América Latina demuestra que ningún país se quiebra de un día para otro.
Primero aparecen los discursos radicales, el enfrentamiento entre ciudadanos, el debilitamiento institucional y la demonización de la inversión privada. Luego llegan el control político, la captura del Estado, el crecimiento desmedido de burocracias ineficientes y el saqueo sistemático de los recursos públicos por élites que terminan utilizando el poder para enriquecerse mientras la población se empobrece.
Por eso, quienes hoy participan activamente en política también deberían preguntarse con responsabilidad histórica qué país esperan encontrar en 2031: uno con oportunidades, crecimiento y estabilidad, o uno atrapado por el populismo, el clientelismo y el control ideológico de un Estado incapaz de generar bienestar real para su gente.
América Latina está llena de ejemplos dolorosos. Por el norte, Venezuela y, por el sur, Bolivia representan para muchos peruanos los casos más cercanos y dramáticos de cómo la polarización extrema, el populismo radical y el progresivo debilitamiento institucional pueden deteriorar en pocos años el aparato productivo, la estabilidad económica y la confianza de una nación.
El caso venezolano resulta particularmente emblemático: millones de ciudadanos abandonaron el país en medio de una profunda crisis económica, política y social, convirtiéndose en uno de los mayores éxodos migratorios del mundo contemporáneo.
Para muchos analistas, estos procesos evidencian cómo la erosión progresiva de las instituciones, la pérdida de confianza en el sistema democrático y el debilitamiento de la seguridad jurídica pueden transformar a países con enormes recursos y potencial en sociedades marcadas por la pobreza, la incertidumbre y la migración masiva.
Miles de venezolanos que hoy viven en el Perú son testimonio directo de ello. Muchos vieron cómo, mientras el discurso político prometía igualdad y justicia social, una élite política terminaba consolidando poder, destruyendo la economía, debilitando las libertades y acumulando enormes fortunas personales, muchas veces trasladadas precisamente hacia los países y sistemas económicos que antes criticaban.
Por eso, el Perú necesita reflexionar antes de volver a votar impulsado únicamente por el miedo, el odio o el “anti”.
Ningún país construye futuro desde el resentimiento permanente.
Las elecciones deben decidirse pensando en estabilidad, institucionalidad, crecimiento, seguridad, empleo, inversión, educación y capacidad de gestión. No con el hígado. No desde la revancha. No desde consignas emocionales que terminan destruyendo la vida de generaciones enteras, porque cuando el odio se convierte en criterio político, los países dejan de elegir futuro y empiezan a elegir crisis.
El Perú ya perdió demasiado tiempo. Y quizás esta sea una de las últimas oportunidades para decidir si queremos reconstruir el país o resignarnos a profundizar otros cinco años de confrontación, deterioro institucional y frustración colectiva.
