La Fiscalía de la Nación decidió no formular denuncia constitucional contra Patrcicia Benavides por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico en el caso ‘Valkiria’.
La disposición fue emitida el 11 de mayo de 2026, dentro de una investigación por supuesta organización criminal y otros delitos en agravio del Estado.
La decisión está contenida en la Disposición N.° 88 de la Carpeta Fiscal N.° 1228-2023, documento que concluye que no existen elementos suficientes para sustentar una acusación constitucional contra la extitular del Ministerio Público.
La pesquisa preliminar fue abierta el 8 de enero de 2024 y abarcó presuntas coordinaciones orientadas a influir en decisiones institucionales y parlamentarias.
Benavides fue investigada por los supuestos delitos de organización criminal, falsedad ideológica, tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento personal.
La resolución fiscal señala que tampoco existe mérito para formular denuncia constitucional contra los congresistas Patricia Chirinos y Alejandro Soto.
Asimismo, se archivaron los extremos relacionados con Martha Moyano y Guillermo Thornberry, tras determinarse que no correspondía continuar con una acusación en su contra.
El caso ‘Valkiria’
El caso ‘Valkiria V’surgió a partir de una operación conjunta de la Fiscalía y la Policía para desarticular una presunta red de corrupción que habría operado en las más altas esferas del Ministerio Público.
La investigación involucró a Patricia Benavides y a sus entonces asesores Jaime Villanueva, Miguel Girao y Abel Hurtado.
Según la tesis fiscal, se habrían realizado gestiones para impedir la destitución de Benavides y promover el archivamiento de denuncias contra congresistas.
Los chats atribuidos a Villanueva también mencionan coordinaciones relacionadas con la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y con intentos de remover a integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
Como parte de la operación ‘Valkiria V’, las autoridades allanaron seis inmuebles en distintos distritos de Lima para incautar documentación y otros elementos de interés para la investigación.
Además, se dictó una orden de detención preliminar por diez días contra Jaime Villanueva, considerado una pieza clave dentro del caso, que continúa generando repercusiones en el escenario político y judicial del país.
