Un contador colegiado advirtió en junio de 2020 que la sobrevaloración no existía y explicó por qué. La Fiscalía de Lambayeque siguió adelante cinco años y medio con la cifra intacta. En febrero de 2026, un juez le dio la razón al contador.
El 16 de junio de 2020, un contador público colegiado llamado Yolino Jonzon Ortega Gonzales —matrícula 20492— firmó diecisiete páginas que nadie quiso leer. Revisaba el Informe Pericial N.° 42-2020 del Ministerio Público, la pieza que sostenía que la Unidad Ejecutora 028 de la II DIRTEPOL Chiclayo había pagado S/ 756 791,65 de más en mascarillas, alcohol en gel y lejía compradas en el peor mes de la pandemia. Su conclusión era de una sencillez incómoda: el perito del Estado estaba comparando peras con manzanas.
Lo demostraba así. Las compras cuestionadas se hicieron entre el 18 de marzo y el 11 de abril de 2020, en plena escasez y con el país detenido. El perito de la Fiscalía fue a buscar precios en mayo, cuando la oferta ya se había recompuesto, y los buscó además donde el Estado no puede comprar: Mercado Libre, Makro, farmacias, supermercados que exigen tarjeta y pago previo. Ortega Gonzales entró a esas mismas páginas el 16 de junio, a las 14:48 y a las 15:15 horas, y adjuntó las capturas de pantalla: para llevarse una mascarilla había que poner una tarjeta de crédito.
Luego fue al SEACE y encontró dos entidades del Estado que, en esas mismas semanas, por contratación directa y bajo la misma ley, habían comprado mascarillas a S/ 4,80 y a S/ 4,30. «Queda demostrado», escribió, «que dicha sobrevaloración no se ha dado».
Eso fue en junio de 2020. Dos meses después, el 19 de agosto, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a argo del fiscal José Óscar Guevara Gilarmas, ejecutó allanamientos y detenciones preliminares y pidió prisión preventiva. El sustento eran los peritajes.
Y la cifra siguió viva. Reapareció intacta en el numeral 41 de la Disposición N.° 20 de formalización de la investigación preparatoria, del 12 de julio de 2021, y otra vez en el requerimiento de acusación de setiembre de ese año: S/ 1 216 570,50 facturados, 62 % de sobrevaloración, S/ 756 791,65 de perjuicio al Estado.
El 12 de febrero de 2026, el Décimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque dictó la Resolución N.° 79, de 632 folios. Descartó el peritaje 42-2020. La razón que dio el juez es, palabra más palabra menos, la del contador de junio de 2020: el perito indagó precios entre el 20 de mayo y el 8 de junio para compras de marzo y abril. El perjuicio quedó fijado en S/ 129 351,50. Un sexto de lo acusado. Casi seis años para llegar a donde un contador de parte había llegado en diecisiete páginas y sin presupuesto.
Hay más. El perito que firmó ese informe fiscal nunca fue interrogado en el juicio oral. No se presentó pese a las citaciones, se agotó su conducción compulsiva y su pericia se incorporó por lectura: los acusados fueron llevados a juicio por una cifra que ninguno de sus abogados pudo preguntarle a nadie.
Se llama Willian Gabriel Canario Santa Cruz. El 12 de octubre de 2021, la Oficina de Administración de Potencial Humano del propio Ministerio Público consignó sobre él, respecto de los meses de abril a junio de 2020, una línea seca: «no prestó servicios en la Oficina de Peritaje, en la fecha en consulta». Las adendas de su contrato administrativo de servicios, obtenidas por transparencia, llegan hasta el 31 de marzo de 2020. El 28 de abril de ese año esta persona había entrado a las oficinas de Logística de la unidad policial con el chaleco azul del Ministerio Público, y firmó cada página del acta fiscal con su huella digital.
Un proceso penal no es un torneo: el fiscal está obligado a actuar con objetividad y eso incluye la prueba que le estorba.
El 25 de noviembre de 2021, todo esto fue denunciado ante la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque contra el fiscal Guevara Gilarmas, el entonces gerente de la Oficina de Peritajes y tres profesionales más, por usurpación de función pública, ostentación de distintivos, abuso de autoridad, falsedad genérica y omisión de actos funcionales. Casi cinco años después, el país no sabe qué se hizo con esa denuncia. Esa opacidad es parte del problema.
Conviene ser preciso, porque el rigor es justamente lo que aquí se echa de menos. Una denuncia no es una condena, y nada de lo anterior declara culpable al fiscal Guevara Gilarmas, que tiene derecho a responder y a que se presuma su inocencia con la misma intensidad con que debió presumir la de los policías que investigó.
Pero el punto no es ese. El punto es el costo. Allanamientos en tres ciudades, detenciones, prisiones preventivas, carreras policiales deshechas y seis años de un aparato fiscal y judicial trabajando a tiempo completo sobre un número que el propio Estado terminó dividiendo entre seis. Todo eso salió del presupuesto público, y salió pese a que en junio de 2020 —antes del primer allanamiento— ya había en el expediente un informe de doce páginas que explicaba, con capturas de pantalla y datos del SEACE, exactamente por qué el número estaba mal.
