Perú estaría en riesgo de repetir procesos electorales “cuestionados como farsas”, en un contexto de impunidad y con la posibilidad de una eventual suspensión en primera o segunda vuelta.
A solo cinco semanas de las Elecciones Generales en Perú, fijadas para el domingo 12 de abril de 2026, el proceso electoral enfrenta serios incumplimientos de los requisitos mínimos para garantizar transparencia y libertad. Aunque el JNE, la ONPE y la RENIEC han avanzado en aspectos formales, como la aprobación del cronograma en 2025, el cierre del padrón el 14 de octubre de 2025 y su entrega preliminar en noviembre, persisten deficiencias estructurales que recuerdan las irregularidades del 2021, tales como convocatorias cuestionadas, inscripciones dudosas y actas presuntamente manipuladas.
Una barrera para el adecuado desarrollo de estas elecciones es la crisis presupuestal que, previsiblemente, mantendrá el actual presidente. El JNE solicitó S/ 403 millones adicionales; sin embargo, el Ejecutivo solo transfirió parcialmente los recursos, dejando un saldo pendiente de alrededor de S/ 189 millones, según alertas del propio organismo.
Esta falta de fondos pone en riesgo la autonomía operativa y la ejecución plena de medidas clave. Encuestas recientes indican un alto rechazo a la política, con percepciones de parcialidad institucional y más del 60 % de ciudadanos dudando de la imparcialidad del Ejecutivo en el proceso.
Los pilares esenciales para elecciones transparentes siguen sin aplicarse plenamente:
Autoridades electorales imparciales e independientes: El JNE, la ONPE y la RENIEC han renovado compromisos contra la desinformación; no obstante, persisten denuncias de presuntos sesgos políticos.
Garantía contra la coacción indebida: Existen campañas informativas; sin embargo, la desigualdad en el acceso a medios y en la publicidad estatal favorecería a ciertos actores. Además, se han presentado quejas sobre la franja electoral sin sanciones efectivas del Tribunal de Honor del Pacto Ético.
Transparencia y publicidad: Plataformas como “Voto Informado” del JNE ofrecen acceso teórico a información; sin embargo, los retrasos en la resolución de impugnaciones y la opacidad en el financiamiento de campañas generan desconfianza, al no existir auditorías independientes exhaustivas.
Participación y fiscalización ciudadana: Se han acreditado observadores, como la Asociación Civil Transparencia; no obstante, el déficit presupuestal limita la cobertura nacional e internacional, reduciendo la supervisión en fases críticas.
Sanciones efectivas a infracciones: No se registran avances penales contra responsables de fraudes pasados (firmas falsas, actas manipuladas).
Respecto a las medidas clave previas al día de votación, muchas enfrentan obstáculos significativos a cinco semanas del proceso:
Cierre y auditoría del padrón: Cerrado y depurado por RENIEC, con colaboración institucional, y aprobado por el JNE en diciembre de 2025. Sin embargo, faltan auditorías externas independientes y persisten quejas por inclusiones irregulares, lo que mantiene riesgos de suplantación.
Campaña de educación electoral: Lanzada y culminada en febrero de 2026, con alcance limitado debido a la escasa difusión masiva, dejando desinformados a electores sobre la cédula bicameral y elevando el riesgo de votos nulos.
Capacitación de miembros de mesa: El sorteo se realizó el 29 de enero de 2026, con suplentes duplicados. La capacitación está en curso, pero se ve amenazada por recortes presupuestales, lo que podría repetir errores en el escrutinio y en la elaboración de actas.
Entrega transparente del material electoral: Programada con controles establecidos; sin embargo, la ausencia de auditorías completas y la entrega de copias a las FFAA y a los personeros quedan en cuestión, abriendo posibles vulnerabilidades.
Resolución oportuna de impugnaciones y tachas: La mayoría fue resuelta antes de diciembre de 2025; no obstante, los casos pendientes generan incertidumbre para candidatos y votantes.
Coordinación de seguridad: Existen planes con la Policía y las FFAA; sin embargo, el déficit financiero limita el despliegue, exponiendo locales y traslados.
Acreditación de observadores y personeros: Se ha facilitado el proceso, pero la cobertura total se ve reducida por la insuficiencia de recursos.
Publicidad de la ubicación de mesas: Publicada por la ONPE; sin embargo, la accesibilidad limitada en zonas rurales y digitales agrava la confusión y el ausentismo.
A ello se suma que el actual presidente, según se afirma, cumpliría órdenes directas del sentenciado y prófugo Cerrón, dejando al Estado y las decisiones electorales bajo la influencia de dicho actor político, lo que, desde esta perspectiva, pondría en riesgo la transparencia y los resultados electorales, anulando cualquier garantía de honestidad institucional del JNE.
Perú, según esta posición, estaría en riesgo de repetir procesos electorales “cuestionados como farsas”, en un contexto de impunidad y con la posibilidad de una eventual suspensión en primera o segunda vuelta. Se sostiene que el país se encuentra nuevamente gobernado por autoridades consideradas inconstitucionales, que no cederían el poder a una ideología distinta.
El futuro del Perú es comparado con el amanecer: Si no se actúa a tiempo, se perdería todo, quedando como “indignos” garantes de la Constitución, la democracia y las leyes. Se afirma que la primera traición se gestó con Vizcarra; que el martes 3 de marzo se consumó una segunda al reconocer a un nuevo presidente como comandante en jefe de las FFAA; y que una tercera traición ratificaría la condición de mercenarios o vendepatrias.
“El mundo ya lo comprobó: el comunismo es como el cáncer; o lo extirpas o te mata. Nadie convive con él”
