(El Montonero).- Todas las proyecciones señalan que nuestro país apenas crecerá sobre el 3% del PBI en el 2024 y el 2025 las cosas se mantendrán igual o decrecerán un poco. Sin embargo, el Perú, bendecido por una geografía que le posibilita inaugurar el megapuerto de Chancay y proyectar el Puerto Espacial en Piura; el país dotado de enormes recursos naturales en cobre, oro, plata, con un gigantesco potencial agroexportador en los desiertos de la costa, con recursos marinos que lo convierten en una potencia pesquera mundial y con gigantescas posibilidades en turismo, hoy está condenado a crecer a una tasa que no le permite reducir la pobreza.
El debate que un sector del empresariado desdeña
Como todos sabemos, crecer sobre el 3% no permite reducir la pobreza que hoy afecta a uno de cada tres peruanos. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Una respuesta inmediata desde los predios de los empresarios y los economistas es que no se han hecho las reformas y el PBI potencial –es decir, la capacidad de crecer sin crear inflación– ha decrecido de tal manera que hoy se ubica entre 2.5% y 3% del PBI. En la primera década del milenio el PBI potencial estaba 6% del PBI y la economía, incluso, crecía sobre esa potencialidad.
Que no se han hecho reformas y que el PBI potencial se ha desplomado es verdad incuestionable. Quizá se debía agregar que la guerra política llevó al poder a Pedro Castillo y aplicó una estocada letal a nuestras posibilidades de crecimiento económico. Sin embargo, ¿por qué no se han hecho las reformas? ¿Por qué desde el 2012 el Perú comenzó una lenta involución económica y social, a través de la sobrerregulación del Estado y la negativa a reformas, que desplomó el PBI potencial y redujo nuestras posibilidades de disminuir la pobreza?
La respuesta está en la narrativa y los relatos. A algunos empresarios y economistas este asunto les parece accesorio. Por ejemplo, las narrativas antimineras que sostenían que la industria minera era una amenaza para los recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura y el famoso muñeco de “las cabeceras de cuenca” sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar –con objeto de prohibir la extracción de cobre a esa altitud– explican que los procedimientos burocráticos necesarios para la minería se hayan incrementado de 15 a 265 en las últimas dos décadas. Igualmente, estas narrativas convirtieron a las comunidades campesinas –entidades mestizas por historia y naturaleza– en pueblos originarios para proyectar reservas culturales en el territorio nacional.
Relatos hubo de aquí para allá. Recuérdese las leyendas sobre el regreso de los nuevos “barones del azúcar” para enfilar contra las agroexportaciones, no obstante que la agricultura se desarrollaba en apenas el 5% del total de la superficie agrícola; sobre la falta de derechos sociales de los trabajadores en la agroexportación a pesar de que, luego de décadas, regresa el empleo masivo y formal. Y las narrativas continuaron hasta que el progresismo derribó la Ley de Promoción Agraria, Ley 27360, una de las claves del boom agroexportador. Así también sucedió en la pesca y casi todos los sectores.
Bajo la ofensiva de los relatos anticapitalistas en el Perú el empresariado fue identificado como la causa de todos los males, no obstante que la inversión privada genera el 80% del empleo, el 80% de los ingresos fiscales y explica el 80% del total de pobreza reducida en las últimas tres décadas. Bajo esa ofensiva anti empresarial el Estado se llenó de sobrerregulaciones, aduanas y procedimientos con el objeto de “controlar la voracidad empresarial”. Y de pronto, el Estado peruano se convirtió en el principal adversario de la inversión privada y fuente de informalidad.
Bajo esas mismas narrativas fue imposible desarrollar una reforma tributaria y laboral. Asimismo, la reforma educativa, en vez de focalizarse en la meritocracia y las infraestructuras, se movilizó alrededor de la agenda progresista de la ideología de género que, tarde o temprano, desatará un estallido social de los padres de familia.
En la política también hubo narrativas dominantes. El Informe Final de la Comisión de la Verdad envenenó el espacio público y lo polarizó entre buenos y malos, destrozó la institucionalidad, judicializó la política, pulverizó a los partidos y, finalmente, encumbró a Pedro Castillo.
Es evidente, pues, que pretender discutir las causas de nuestra involución económica ignorando el papel de las narrativas no reviste seriedad.