OPINIÓN/ ILEGALES CON CURUL

Escribe: César Campos R.

la personería de ese flagelo está subordinada al peso mayor y específico de la minería ilegal.

Las próximas elecciones generales 2026 tienen la prematura condena de ser un zafarrancho, confundir a los electores mediante una kilométrica cédula con 43 partidos (más sus símbolos, fotografía de los candidatos presidenciales, espacios para el voto preferencial de diputados y senadores), promover una segunda vuelta entre dos cabezas de ratón que no alcanzarán siquiera el 10 por ciento de voto efectivo (sin el conteo de los en blanco o viciado) y una jefatura del estado extremista (derecha o izquierda).

Tales comicios serán la cumbre de un proceso legalmente enmarañado no desde ahora. Ni siquiera hace un década. Lleva casi un cuarto de siglo el propósito conseguido de laxar el registro de nuevas organizaciones políticas, permitir el transfuguismo e incorporar figuras como las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) tipo Argentina, adjudicándonos un alto grado de civismo participativo pero sin considerar que los sectores fácticos e informales son los que tienen hoy la más grande capacidad de movilización.

Las PASO sirven para depurar en una primera instancia a los partidos que no superen una valla mínima impuesta. El actual Congreso las eliminó sin establecer otro límite más que el plazo ya vencido ayer para inscribirse en el ROP del Jurado Nacional de Elecciones y dejando al libre albedrío de tales organizaciones el procedimiento de elección interna de los aspirantes (vía voto directo o indirecto de la militancia).

Es cierto que el remedio ha sido tan malo como la enfermedad. Pero seamos conscientes que en nuestro país, unas PASO ya habrían permitido la captura por parte del crimen organizado de alguna pequeña e improvisada agrupación politica. Minería ilegal, narcotráfico, trata de personas o tala ilegal de nuestros bosques (y por qué no sicariato y extorsión) hubieran podido unir agendas y hacerse de una fachada representativa. Dichos sectores son los que mecen la cuna del Perú fragilizado en toda su institucionalidad.

Aún así, la amenaza persiste. Desde la década de los ochenta del siglo pasado, cuando se detectó la infiltración de personajes vinculados a narcotraficantes en los sólidos partidos de entonces (empezando por el diputado por Huánuco de Acción Popular, Reynaldo Rivera, luego desaforado del Congreso y expulsado de dicho partido) hasta la presencia de las cabecillas cocaleras Nancy Obregón y Elsa Malpartida en el Legislativo gracias a la permisividad del líder nacionalista y posterior presidente Ollanta Humala (2011-2016) y Veronika Mendoza llevando en su lista parlamentaria a Jovana Villanueva (condenada en el 2000 por tráfico ilícito de drogas), ahora la personería de ese flagelo está subordinada al peso mayor y específico de la minería ilegal.

El jueves último, en un evento regular del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, advirtió que los mineros ilegales mueven 40 veces más dinero que el presupuesto asignado para los comicios 2026.

Así estamos. No estoy seguro si alguien de este sector llegue a calzarse la banda presidencial. Pero que veremos a muchos sentarse muy cómodos en las curules del periodo 2026-2031, puedo apostarlo.