La moral se eleva con reconocimiento, pero el prestigio se recupera con reconocimiento y con sanción. Ambas son indispensables para devolverle a la Policía Nacional el lugar que merece en la defensa de la sociedad peruana.
En política, los gestos importan. Y muchas veces importan tanto como las decisiones. Un gesto oportuno puede convertirse en un mensaje de enorme fuerza institucional, especialmente cuando está dirigido a una entidad que durante años ha sido injustamente vilipendiada, cuestionada sin matices y, en no pocas ocasiones, abandonada a su suerte por quienes tenían el deber de respaldarla.
La reciente entrega de estatuillas y reconocimientos a los policías que capturaron al asesino de un cambista, ceremonia que contó con la presencia de la Presidente de la República, del Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro del Interior, tiene un valor que trasciende el acto protocolar. Es, sobre todo, un gesto político de profundo significado. Es la señal de que el Estado reconoce a quienes arriesgan la vida para proteger la de los demás.
La Policía Nacional necesita de estos gestos. Necesita que las más altas autoridades del país le expresen públicamente su respaldo y su reconocimiento. Porque una institución golpeada por la desconfianza, por las críticas indiscriminadas y por los errores de algunos de sus integrantes, requiere también que se destaquen sus aciertos, sus sacrificios y sus victorias frente al crimen.
Quienes nunca han vestido un uniforme quizá no alcancen a comprender cuánto puede significar para un policía que su trabajo sea reconocido por la máxima autoridad del país. Ese reconocimiento no es un premio menor; es un soporte moral, un estímulo para seguir enfrentando a una delincuencia cada vez más violenta y a un sicariato que ha convertido la muerte en un negocio.
Elevar la moral de la Policía Nacional es una necesidad impostergable. Ninguna estrategia de seguridad ciudadana tendrá éxito si quienes deben ejecutarla sienten que el Estado solo aparece para señalar sus errores y nunca para valorar sus aciertos. El reconocimiento fortalece el compromiso institucional y reafirma el vínculo entre la policía y la ciudadanía.
Pero el respaldo no puede ser ciego. Precisamente porque la Policía necesita recuperar plenamente su prestigio, ese reconocimiento debe ir acompañado de una política de absoluta firmeza frente a los malos elementos. Así como las máximas autoridades deben estar presentes para premiar a quienes honran el uniforme, con esa misma presencia y esa misma contundencia deben respaldar la sanción ejemplar de quienes lo deshonran.
No puede haber doble discurso. El policía que enfrenta a la delincuencia con valentía merece el reconocimiento del país. El policía que se corrompe, que protege al delincuente, que participa en redes criminales o que traiciona la confianza ciudadana, merece todo el peso de la ley, cualquiera sea el grado que ostente. La limpieza institucional no admite privilegios ni jerarquías.
La lucha contra la delincuencia y el sicariato exige una Policía motivada, respaldada y respetada. Pero exige también una Policía depurada, transparente y libre de aquellos que utilizan el uniforme para servir a intereses criminales. Ambas cosas son inseparables. Por eso, el gesto reciente debe ser saludado. Porque envía un mensaje correcto: el Estado está con los buenos policías. Ahora corresponde completar ese mensaje con otro igualmente claro: el Estado no tendrá ninguna contemplación con los malos policías.
Solo así podremos reconstruir la autoridad de una institución fundamental para la República. Solo así podremos pedirle a la Policía que arriesgue más, que enfrente más y que proteja mejor a los ciudadanos. La moral se eleva con reconocimiento, pero el prestigio se recupera con reconocimiento y con sanción. Ambas son indispensables para devolverle a la Policía Nacional el lugar que merece en la defensa de la sociedad peruana.
