OPINIÓN/ Manotazos de ahogado

NO ATRACO

Escribe: Elmer Barrio de Mendoza

La Fiscalía de la Nación puede haber incurrido en grave falta administrativa y eventualmente en algún ilícito penal al afectar seriamente la reputación de un colectivo o una persona sin tener motivación alguna para ello.

En lo que probablemente haya sido el único acierto de su gobierno, la presidente Dina Boluarte decidió convocar a Elecciones Generales para el 12 de abril de 2026. Aún le quedaba un plazo de casi tres semanas para hacerlo pero la idea, supongo, fue enfriar la tensa situación política del país. Y parece ser que lo logró, al menos por unos cuantos días y parece que un poco más.

Esto lo hizo acompañada de los tres jefes de los organismos del Sistema Electoral, lo que le dio total solemnidad al asunto y descolocó a los promotores del llamado “merinazo” (una tal Rosa María Palacios, quizá sea un caso de homonimia, la principal) que reaccionaron con evidente torpeza.

La reacción de la Fiscalía de la Nación

Un día después de convocadas las elecciones, mediante innecesario y contraproducente tuit, el Ministerio Público anunció que abría diligencias indagatorias contra los partidos Fuerza Popular y País para Todos, con base en las denuncias de los ciudadanos Beatriz Cano y Javier Sulca con el objetivo de declarar la ilegalidad de ambos partidos con base en conductas, presuntamente antidemocráticas, de sus líderes visibles, Keiko Fujimori (y de su hermano Kenji) y Carlos Álvarez.

Al día siguiente, La República e Infobae, presentaron este tuit, como evidencia de que probablemente ambos partidos (o quizá uno sí y otro no) quedarían fuera de la contienda electoral de 2026.

El artículo 14° de la Ley de Organizaciones Políticas establece que un partido puede perder su inscripción tras ser declarado ilegal por la Corte Suprema (respetando la pluralidad de instancias) previa solicitud de la Fiscalía de la Nación o de la Defensoría del Pueblo. Es decir que, si el Ministerio Público recibe un requerimiento de algún ciudadano debe atenderlo para calificación de su procedencia, en primer lugar.

No hay razón para hacerlo público hasta que se determine su procedencia. La Fiscalía de la Nación puede haber incurrido en grave falta administrativa y eventualmente en algún ilícito penal al afectar seriamente la reputación de un colectivo o una persona sin tener motivación alguna para ello.

Tan grave es esto, que la Asociación Civil Transparencia, a las 10.55 am del jueves 27 de marzo, menos de un día después del ahora célebre tuit de la Fiscal de la Nación, se pronunció en contra de su contenido y lo consideró amenazante para la democracia. Horas después, el fiscal adjunto designado para la indagación precisó que no se trataba de una investigación sino de una comprobación de la validez de las denuncias de los ciudadanos Cano y Silva. O sea que ni siquiera se les citó para ratificar o fundamentar sus solicitudes. Dicho sea de paso, Cano ha desaparecido de circulación hace ya más de 48 horas y Silva es un ex militante del Partido ANTAURO, condenado por el Andahuaylazo.

Además, conocidos los escritos de ambos requirientes, ninguno se ajusta a las motivaciones que establece el artículo 14° de la ley de partidos y los dos son francamente paupérrimos. Preguntémonos entonces; ¿Es tan incompetente la actual Fiscal de la Nación o alguien le impuso este tuit que resultó un boomerang?

Quienes sostienen que es mejor vacar a Dina Boluarte no tienen necesidad de ser tan obtusos, todavía pueden intentarlo hasta junio de 2026. Yo creo que lo merecería pero no para satisfacer a los promotores del “merinazo”, que hasta ahora no se enteran de que la caída de Merino se produjo por la intervención violenta del MOVADEF y sus cómplices contra las fuerzas del orden, cuando casi todos los demás ya se habían retirado a la Plaza San Martín, a cuatro cuadras de los acontecimientos. Lo que sí creo que ya es imposible es que logren la disolución del Congreso. Desde este 27 de julio simplemente ya no se puede.

Respecto a la Fiscal de la Nación, que ha quedado como una subalterna más del jefe de la auténtica Rosa María (no olvidemos que, en política, las apariencias muchas veces son más importantes que las realidades) su destino queda en manos de la Junta Nacional de Justicia y del Congreso de la República.

Una gran noticia en el medio

Esta auténtica necedad ha ocultado una gran noticia: cinco de los partidos políticos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) han elaborado en conjunto un Plan de Seguridad Ciudadana que se alcanzará de inmediato (o quizá ya lo fue) al Palacio de Gobierno.

Por lo que se sabe ha sido un trabajo silencioso de dos meses. Creo que la mayoría de los peruanos, incluido yo, no tenía idea de que esto estaba sucediendo. Felicitémonos de que Avanza País, Fuerza Moderna, el Partido Aprista Peruano, el Partido Popular Cristiano y Unidad y Paz hayan tenido idea de hacer una propuesta colectiva (¡ya basta del Complejo de Adán!) sobre el tema que más preocupa a la nación hoy día.

Todo indica que el combate a las economías criminales es la columna vertebral de la propuesta e igualmente la recuperación del control territorial en las zonas tomadas por la delincuencia. El desarrollo de infraestructura penitenciaria moderna, impenetrable y de gran magnitud (se plantea la construcción inmediata de un penal para criminales de alta peligrosidad con capacidad para 20 mil reos) es otra prioridad.

En fin, ya iremos sabiendo más, pero lo esencial es que aparentemente ya hay fuerzas centrípetas en la política peruana y eso es lo que necesita el país con urgencia, justo cuando parecía condenado a la dispersión y a la confrontación.

No sé si estemos ante el inicio de una alianza electoral, supongo que todavía no, pero creo que es el tipo de esfuerzo que todos los peruanos necesitamos ver, para luego, ojalá, volver a creer.