El desafío actual consiste no solo en reconstruir instituciones, sino también en fortalecer los valores compartidos que hacen posible una ciudadanía más responsable, solidaria y exigente.
Hay épocas en las que una nación puede atribuir sus desgracias a un tirano, una guerra, una crisis económica o una invasión. Sin embargo, existen momentos más difíciles, aquellos en los que debe mirarse al espejo y reconocer que parte de su decadencia proviene también de sus propias claudicaciones morales. El Perú contemporáneo parece encontrarse, tristemente, en esta segunda situación.
Desde la transición encabezada por Valentín Paniagua hasta nuestros días, el país no solo ha atravesado una prolongada crisis política, sino también una crisis de carácter cívico. Más de dos décadas después, persisten problemas que evidencian no solo deficiencias institucionales, sino también una fragilidad ética en la vida pública. Hablar de “miserias morales” no constituye un ejercicio de dramatismo, sino una reflexión sobre conductas y prácticas que erosionan la convivencia, la justicia y la confianza ciudadana.
Una de las expresiones más evidentes de esta realidad es la normalización de la corrupción. Lo que debería generar indignación colectiva se ha convertido con frecuencia en parte de la vida cotidiana. La tendencia a favorecer sin las debidas justificaciones, las adjudicaciones opacas y las redes de tráfico de influencias han dejado de percibirse como excepciones para transformarse, en muchos casos, en mecanismos habituales de ejercicio del poder. La reiteración de estos hechos alimenta la idea de que “todos lo hacen” y, por tanto, resulta legítimo acomodarse a esa lógica de beneficio personal en detrimento del bien común.
Vinculada a este fenómeno aparece la percepción de impunidad. Cuando la justicia parece actuar con criterios desiguales o sometida a intereses políticos y económicos, se debilita la confianza en el Estado de derecho. Los procesos interminables, las decisiones contradictorias y los privilegios de determinados actores públicos generan la sensación de que la ley no alcanza a todos por igual. Como consecuencia, se fortalecen los mecanismos informales y se deteriora el compromiso ciudadano con las normas democráticas.
Otra manifestación preocupante es la creciente polarización política y social. El debate público se ha vuelto cada vez más fragmentado, dominado por simplificaciones y discursos que privilegian la confrontación antes que la búsqueda de soluciones. En un contexto marcado por problemas económicos de partidos y del pueblo, inseguridad y crisis institucionales, muchos ciudadanos terminan depositando sus expectativas en liderazgos que ofrecen respuestas simples a problemas complejos. Este clima reduce la capacidad de diálogo y dificulta la construcción de consensos.
A ello se suma la mercantilización de la política. Con demasiada frecuencia, la actividad pública es percibida como una oportunidad de beneficio personal o grupal antes que como un servicio a la comunidad. Campañas poco transparentes, promesas demagógicas y el intercambio de favores por apoyo electoral contribuyen a transformar al ciudadano en receptor de prebendas más que en participante crítico de la vida democrática.
La insuficiente formación cívica constituye otra debilidad estructural. Una ciudadanía mal informada resulta más vulnerable a la manipulación y los discursos extremistas. La falta de espacios que fomenten el pensamiento crítico ayuda a explicar por qué propuestas carentes de sustento o candidatos con antecedentes cuestionables logran captar importantes respaldos electorales.
Por otro lado, la persistencia de la pobreza del pueblo y la desigualdad alimenta formas de resignación y oportunismo. Cuando las necesidades básicas dominan la vida cotidiana, muchas personas terminan aceptando prácticas cuestionables como mecanismos de supervivencia. Esto no justifica los abusos de poder, pero ayuda a comprender por qué ciertas conductas logran mantenerse en el tiempo.
Existe además una dimensión cultural que no debe ignorarse: la fragilidad del honor público. El Perú posee una rica tradición de solidaridad, creatividad y esfuerzo colectivo. Sin embargo, la creciente tendencia a privilegiar el interés particular sobre el bien común pone en riesgo ese legado.
Pero ahora, aparte de los problemas que ya existen, se avecinan otros problemas creados por los rojos para menoscabar este triunfo logrado por la derecha en esta segunda vuelta. El Dirigente Social Felipe Domínguez Chávez, presidente del FREDICON (Frente de Defensa y desarrollo), ubicada en Arequipa, insiste desde el 2022 en crear una República Independiente de la Macro Región Sur, como rechazo al abandono histórico y centralismo existente en la capital y el malestar por el último resultado electoral. Integrada por las regiones de Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, Tacna, Madre de Dios y Apurimac con posible inclusión de Ayacucho.
Reconocer estas miserias morales no implica despreciar al país ni renunciar a sus posibilidades. Por el contrario, constituye el primer paso para corregirlas.
Esto en realidad es un atentado contra la Soberanía Nacional y no consideran además sus propios gobiernos regionales escogidos por ellos mismos y las sumas de dinero y canon que reciben que son mal administrados por la corrupción existente. Tema especial que hay que pararlo inmediatamente con todo el peso que ordena la Constitución, las leyes y códigos, no se puede permitir el separatismo, la desunión y destrucción del país, eso es “Traición a la Patria” que está promovido también por Roberto Sánchez Palomino.
¿Existe una salida para todo lo demás? Sin duda, pero requiere perseverancia y visión de largo plazo. Resulta indispensable fortalecer la independencia judicial, mejorar los mecanismos de transparencia y garantizar que la impunidad no encuentre refugio en privilegios ni dilaciones. Del mismo modo, es fundamental promover una educación cívica que forme ciudadanos críticos, informados y comprometidos con los valores democráticos.
Reconocer estas miserias morales no implica despreciar al país ni renunciar a sus posibilidades. Por el contrario, constituye el primer paso para corregirlas. La historia peruana demuestra una notable capacidad de resiliencia frente a la adversidad. El desafío actual consiste no solo en reconstruir instituciones, sino también en fortalecer los valores compartidos que hacen posible una ciudadanía más responsable, solidaria y exigente. Sin una regeneración ética que acompañe las reformas políticas y económicas, cualquier avance institucional corre el riesgo de ser insuficiente. La tarea es compleja, pero indispensable para construir un Perú más justo, próspero y cohesionado.
