¿Quién puede negar que una parte importante del Perú vive hoy sumida en la perplejidad?
No porque el peruano haya perdido por completo su nobleza, su solidaridad, su espíritu de sacrificio ni el amor por la familia y por la tierra que lo vio nacer. Precisamente porque todavía existen esos valores, duele contemplar cómo la viveza, el irrespeto, la corrupción y la delincuencia pretenden convertirse en una forma normal de vivir.
Muchos crecimos escuchando que la palabra dada tenía valor, que al mayor se le respetaba, que el trabajo honrado dignificaba y que ayudar al vecino era una obligación moral. Se enseñaba que la pobreza podía ser dura, pero que no justificaba la maldad; que el error podía corregirse, pero que el robo, la mentira y el abuso debían causar vergüenza.
Hoy, en cambio, parece haberse difundido una enseñanza contraria: engañar sería inteligencia; aprovecharse del débil, habilidad; incumplir la ley, astucia; y robar al país, un pecado menor porque “el Estado no es de nadie”.
Pero el Estado sí es de todos.
Cada sol robado a una municipalidad, a un hospital, a una escuela o a una obra pública es un plato menos en la mesa de una familia necesitada; una medicina que no llega; un niño que estudia en peores condiciones; una carretera inconclusa; una vida puesta en riesgo.
La corrupción no es un asunto lejano, limitado a las funciones públicas o privadas: es una herida abierta que alcanza al ciudadano común y, con mayor crueldad, al pobre que no tiene contactos ni recursos para defenderse.
La viveza ha sido presentada como una virtud, cuando muchas veces no es sino egoísmo disfrazado de ingenio. El que se cola en una fila, el que soborna para evitar una sanción, el que falsifica un documento, el que compra mercadería robada, el que humilla a otro por tener poder o dinero: todos alimentan la misma cultura de desprecio por el bien común.
Nadie construye una nación exigiendo honestidad a los demás mientras justifica sus propias pequeñas trampas.
También nos inquieta la creciente pérdida de respeto por la vida. Cada día escuchamos noticias de asesinatos, extorsiones, sicariato, secuestros, violencia familiar y robos cometidos con una frialdad que parece inconcebible.
Y, sin embargo, la repetición de estas tragedias está convirtiéndolas en hechos rutinarios. Se habla de muertos como cifras, de víctimas como expedientes, de familias destruidas como una noticia más antes del siguiente escándalo.
Cuando una sociedad deja de conmoverse ante el sufrimiento ajeno, empieza a perder algo esencial de su humanidad.
¿Dónde están las instituciones que debían proteger al ciudadano? ¿Dónde está la justicia que debe actuar sin mirar apellidos, dinero, ideologías o influencias? ¿Dónde están las autoridades que juraron servir y no servirse del cargo?
El peruano observa, con indignación y cansancio, cómo muchas entidades públicas están debilitadas por la burocracia, la corrupción, los intereses particulares, la ineficiencia, el temor o la complicidad.
Ve cómo se promete seguridad mientras reina el miedo; cómo se anuncia justicia mientras la mayoría de los delitos quedan impunes; cómo se invoca la democracia mientras se negocian favores a espaldas del pueblo.
No se trata de afirmar que todos los funcionarios son corruptos, que todos los policías son deshonestos, que todos los políticos son iguales ni que todos los peruanos han renunciado a sus principios.
Sería injusto con tantas personas que cumplen su deber en silencio: maestros que educan con vocación, médicos que atienden aun sin recursos suficientes, trabajadores que madrugan, jueces y fiscales íntegros, policías que arriesgan su vida, emprendedores honestos y vecinos que sostienen a sus comunidades.
Ellos son prueba de que el Perú no está perdido.
Sin embargo, el bien no puede limitarse a resistir en silencio mientras el mal hace ruido, se organiza y se normaliza. La honestidad debe dejar de ser una excepción admirable para volver a ser una exigencia colectiva.
Debemos recuperar la indignación ante el abuso, la vergüenza ante la trampa y el valor de denunciar la corrupción, incluso cuando incomoda a nuestros propios círculos.
Un país no se derrumba solamente cuando cae su economía o fracasan sus instituciones. Se derrumba cuando sus ciudadanos dejan de distinguir entre lo correcto y lo conveniente; cuando se resignan y dicen: “Así es el Perú”.
No. El Perú no es únicamente la corrupción, la violencia ni el desorden. El Perú es también el pueblo que trabaja, la madre que educa, el joven que estudia, el campesino que produce, el vecino que ayuda y el ciudadano que se niega a vender su conciencia.
La pregunta no es si todavía queda esperanza. La pregunta es si tendremos el carácter para recuperarla.
Recuperar el respeto por la vida, por la ley, por la verdad y por el prójimo. Recuperar la convicción de que un Perú distinto no nacerá de discursos vacíos, sino de ciudadanos que decidan, cada día, no ser cómplices de aquello que los destruye.
¡Señora Keiko Fujimori, Presidente del Perú y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional!
La obligación de este Gobierno y de sus instituciones es devolvernos los valores, la seguridad y la justicia de los que hoy adolecemos.
En sus manos está la responsabilidad de lograr que nuestro país vuelva a ser una nación íntegra, segura y con valores.
¡Actúe con firmeza y decisión! ¡COMUNISMO Y TERRORISMO, NUNCA MÁS! ¡VIVA EL PERÚ!