Alivia en algo, pero con cargo de inventario, que el doctor Álvarez Miranda haya que su administración ministerial no solo ejercitará con más ahínco el recurso de la observación a tales normas, sino que también recurrirá al Tribunal Constitucional para frenarlas en última instancia.
Como se sabe, el gabinete presidido por Ernesto Álvarez Miranda ha recibido el voto de confianza del Congreso para ejecutar la política general del gobierno en el corto lapso de nueve meses que tiene por delante. Álvarez ha centrado dicha política en cuatro ejes, uno de los cuales consiste en darle impulso a la economía. En principio, constituía una paradoja que ese mismo Congreso avalara tal propuesta luego que (un día antes de la comparecencia del gabinete) fuera imputado por el Consejo Fiscal de haber aprobado 229 leyes con un impacto en los recursos públicos de 35 mil 830 millones de soles, además de tener en cartera otras 352 iniciativas legislativas de las mismas características.
El asunto no es baladí. La juerga fiscal de un Parlamento mayoritariamente populista e irresponsable suele convertirse en orgía durante las etapas electorales. El fin de fiesta deja una factura enorme al siguiente gobierno, la cual —como sostuvo Javier Velarde, presidente del BCR en la última edición de PERUMIN— recién hace notar su siniestro efecto en el mediano plazo. Alivia en algo, pero con cargo de inventario, que el doctor Álvarez Miranda haya asegurado en el programa N Portada de Mario Ghibellini que su administración ministerial no solo ejercitará con más ahínco el recurso de la observación a tales normas, sino que también recurrirá al Tribunal Constitucional para frenarlas en última instancia.
Sin embargo, en el frondoso bosque institucional vinculado al desenvolvimiento económico no solo están las leyes agravantes del déficit fiscal. También juegan el partido entidades cuya actividad y naturaleza conspiran muchas veces contra los agentes del mercado. Una de ellas, en la actualidad, es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la misma que empalidece en su eficacia y va convirtiéndose en sombra de lo que fue desde la gestión de Beatriz Boza hacia los años venideros.
El tema es abundante y harán falta más columnas para focalizar sus deficiencias e inequidades. La primera de ellas: vivir de multas. Es decir, generar ingresos propios a través de disposiciones sancionadoras de carácter pecuniario. Ha sido tan desproporcionado el uso y abuso de este mecanismo que, hace muy poco tiempo, en julio, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima ha establecido que la potestad de imponer sanciones por parte de entidades públicas como Indecopi debe ejercerse respetando no solo el principio de legalidad, sino también el de razonabilidad, conforme al artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27444.
Esto, en relación con un procedimiento sancionador administrativo contra un particular a quien se le impuso una multa de 150 UIT (772 mil 500 soles, el tope máximo) por importar bicicletas con un signo de marca similar a un tercero. Pese a que dichas bicicletas nunca ingresaron al mercado, pues fueron incautadas antes, se aplicó la sanción mayor. El pronunciamiento del Poder Judicial solo visualiza la punta del iceberg. Volveremos sobre la materia, pero el premier Álvarez y la ministra del MEF, Denisse Miralles, ya deberían estar metiendo el diente a esta papa caliente.
