El Perú debe dejar atrás la política de los anuncios mediáticos, las primeras piedras y las inauguraciones apresuradas para dar paso a una verdadera cultura de planificación.
Las grandes obras nacionales no deberían identificarse por el gobierno que las anuncia o inaugura, sino por el legado que dejan al país. Ese legado solo será posible si cada proyecto nace de una visión de Estado, respaldada por expedientes técnicos concluidos, estudios independientes, presupuestos garantizados, cronogramas realistas, gestión integral de riesgos y plena transparencia. Solo así la infraestructura pública dejará de responder a los ciclos políticos para convertirse en un verdadero instrumento de desarrollo nacional.
Gobierno tras gobierno se anuncian grandes proyectos que prometen transformar el país. Sin embargo, muchos de ellos tardan una década o más en materializarse, quedan paralizados, son abandonados o terminan multiplicando varias veces su costo inicial mediante sucesivas adendas. Mientras tanto, el tiempo transcurre y millones de peruanos continúan soportando las consecuencias de esa falta de planificación: esperan durante meses una cita en los mal llamados hospitales, permanecen atrapados diariamente en el tráfico, transitan por carreteras deterioradas, aguardan la construcción de puentes que nunca llegan y carecen de servicios públicos básicos que el Estado sigue sin garantizar.
Esta realidad demuestra que el principal problema del Perú no es la falta de proyectos, sino la ausencia de una planificación de Estado que garantice su continuidad más allá de los cambios de gobierno. Mientras las prioridades cambian cada cinco años, las necesidades de la población permanecen. El país requiere instituciones capaces de planificar con visión de largo plazo y ejecutar obras que respondan a necesidades reales, no a calendarios electorales.
Los ejemplos abundan. En el ámbito aeronáutico, la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez requirió más de dos décadas y múltiples adendas antes de entrar en operación. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Chinchero acumula más de una década de anuncios, cambios en la modalidad de ejecución, arbitrajes, modificaciones contractuales y sucesivos retrasos, sin que, hasta la fecha, se hayan presentado públicamente los principales estudios que sustenten de manera integral su viabilidad operacional.
Paralelamente, el Estado continúa otorgando, mediante decreto, la categoría de «aeropuerto internacional» a diversos aeródromos que aún carecen de la infraestructura, los servicios aeronáuticos, el equipamiento, la capacidad operativa y las facilidades necesarias para atender vuelos internacionales con los niveles de seguridad, eficiencia y calidad que exige la aviación civil moderna. La condición de aeropuerto internacional no la confiere un decreto ni el afán mediático de mostrar resultados inmediatos, sino el cumplimiento de exigentes estándares técnicos, operacionales, regulatorios y de servicio. Ninguna decisión política puede sustituir esa realidad.
La experiencia internacional ofrece una lección que el Perú no debería ignorar. La construcción de un aeropuerto, por sí sola, no garantiza el desarrollo económico ni la llegada de las aerolíneas. Cuando las inversiones responden más a expectativas políticas que a rigurosos estudios de demanda, viabilidad técnica, seguridad operacional y sostenibilidad económica, el resultado suele ser infraestructura subutilizada y una pesada carga para las finanzas públicas.
Los casos de Ciudad Real y Castellón en España, Kassel en Alemania, Mattala Rajapaksa en Sri Lanka y St. Helena demuestran que, La infraestructura, por sí sola, no genera desarrollo; es el desarrollo económico, la demanda real y una adecuada conectividad terrestre los que hacen viable y sostenible la infraestructura. Las aerolíneas no vuelan hacia los decretos ni hacia las promesas; vuelan hacia mercados rentables, infraestructura eficiente y condiciones operacionales seguras. El Perú no puede repetir esos errores.
Antes de anunciar la construcción de nuevos aeropuertos o de otorgarles la categoría de internacionales, el Estado debe demostrar, mediante estudios independientes y técnicamente sustentados, que cada proyecto responde a una necesidad real, será operacionalmente viable, económicamente sostenible y contribuirá efectivamente al desarrollo nacional, en lugar de convertirse en otro monumento a la improvisación.
Lo mismo ocurre con carreteras, puentes, líneas férreas, hospitales, sistemas de agua y saneamiento, entre otras obras estratégicas. Con demasiada frecuencia se anuncian antes de contar con estudios definitivos, análisis de demanda, presupuestos confiables y financiamiento asegurado. El resultado es el mismo de siempre: paralizaciones, arbitrajes, sobrecostos y proyectos inconclusos que terminan pagando todos los peruanos.
Pero el problema es aún más profundo y exige evaluar objetivamente los resultados de la regionalización. Después de más de dos décadas de su implementación y de miles de millones de soles transferidos a los gobiernos regionales y locales, es legítimo preguntarse si realmente ha contribuido a cerrar las brechas de infraestructura y servicios básicos o si, por el contrario, ha fragmentado la planificación nacional y debilitado la ejecución de las obras estratégicas.
Hoy seguimos viendo regiones con enormes carencias en hospitales de alta complejidad, centros educativos de calidad, carreteras, puentes, sistemas de agua y saneamiento, líneas férreas y otras infraestructuras esenciales. Esta realidad obliga a miles de familias a migrar hacia Lima y otras grandes ciudades en busca de oportunidades, saturando los servicios públicos, incrementando el déficit de vivienda, el tráfico, la inseguridad y el crecimiento urbano desordenado.
El desarrollo del Perú no puede depender de 25 visiones distintas ni de autoridades cuyo horizonte termina con el período para el que fueron elegidas.
Las obras estratégicas trascienden los gobiernos y deben responder a una visión nacional de 30, 40 o 50 años.
Por ello, el Perú necesita un organismo técnico, autónomo e independiente del poder político de turno, que ejerza efectivamente su función de planificación estratégica y no quede subordinado a intereses coyunturales o decisiones políticas de corto plazo. Debe ser responsable de estudiar el país de manera integral y de planificar las inversiones estratégicas con criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales.
Su misión debe ser identificar las verdaderas necesidades nacionales y desarrollar proyectos completamente estructurados, con expedientes técnicos concluidos, presupuestos realistas, financiamiento asegurado, cronogramas técnicamente sustentados y una gestión integral de riesgos antes de colocar la primera piedra.
No se trata de restar competencias a las regiones, sino de alinearlas con una estrategia nacional de largo plazo que evite improvisaciones, duplicidades, desigualdades y discriminación territorial. Todos los peruanos, sin importar dónde vivan, deben tener acceso a infraestructura y servicios públicos de calidad. Solo así será posible reducir la migración forzada hacia las grandes ciudades y, al mismo tiempo, generar las condiciones para una migración inversa: que miles de peruanos puedan regresar a sus regiones de origen o elegir vivir en ciudades intermedias porque encuentran empleo, educación, salud, conectividad y calidad de vida.
El verdadero desarrollo nacional no consiste en concentrar oportunidades en unos pocos centros urbanos, sino en distribuirlas de manera equilibrada para que cada región pueda retener y atraer talento, inversión y población.
Los peruanos no necesitamos más promesas, más decretos ni más ceremonias. Necesitamos planificación, capacidad técnica y resultados. Necesitamos servidores públicos de reconocida integridad, ética, solvencia moral, identidad nacional y vocación de servicio, capaces de ejercer sus responsabilidades con visión de Estado y de defender exclusivamente el interés nacional, por encima de intereses políticos de corto plazo, agendas personales o cualquier otra forma de presión.
Por ello, resulta indispensable impulsar la creación del Sistema Nacional de Planificación de Infraestructura Estratégica (SINAPIE), no como una nueva burocracia, sino como una verdadera política de Estado destinada a garantizar que las grandes obras nacionales nazcan de una planificación rigurosa y no de la improvisación, la coyuntura política o los calendarios electorales.
Se trata de un organismo técnico, autónomo e independiente, con rango constitucional, cuya misión sea estudiar permanentemente el territorio nacional, proyectar las necesidades del país a 30, 40 y 50 años y entregar al Estado una cartera de proyectos estratégicos completamente estructurados y técnicamente validados antes del inicio de cualquier proceso de contratación o ejecución.
Solo así será posible garantizar la continuidad de las grandes inversiones públicas, independientemente del gobierno de turno; optimizar el uso de los recursos del Estado; minimizar las modificaciones contractuales y las adendas originadas por una deficiente planificación, que con frecuencia terminan multiplicando los costos de las obras; y devolver la confianza de los ciudadanos en la capacidad del país para ejecutar la infraestructura que realmente necesita.
El verdadero progreso de una nación no se mide por la cantidad de obras anunciadas, sino por las obras bien planificadas, ejecutadas con calidad, concluidas dentro de los plazos y presupuestos previstos e inauguradas únicamente cuando estén plenamente operativas y en condiciones de brindar un servicio seguro, eficiente y de calidad a la población. Solo entonces podrán transformar de manera sostenible la calidad de vida de todos los peruanos.
Porque el Perú no necesita más gobiernos que prometan obras; necesita un Estado que aprenda, planifique y las haga realidad.
Solo así dejaremos de inaugurar promesas para empezar a construir futuro.
