Cuando una ley protege a la minería ilegal, sí es una ley procrimen
Hay algo que resulta cada vez más difícil de entender en la política peruana: la facilidad con la que algunos candidatos intentan negar la realidad aun cuando esta se encuentra frente a los ojos de todos. Eso ocurre con Roberto Sánchez -candidato de Juntos por el Perú- cuando afirma que la ley que impulsó en favor de la minería ilegal no es una ley procrimen. La pregunta es inevitable: si eso no es favorecer al crimen, entonces ¿qué lo es?
Porque el problema no es solamente la extracción ilegal de minerales. Quien pretenda reducir el debate a una simple actividad económica está ocultando deliberadamente todo lo que existe detrás de ella. La minería ilegal no es un fenómeno aislado. Es una estructura que ha terminado asociándose a múltiples formas de delincuencia y degradación social.
Sí es una ley procrimen cuando permite que continúe la depredación del medio ambiente. Basta observar lo ocurrido en extensas zonas de la Amazonía peruana para comprobar cómo bosques enteros han sido destruidos, ríos contaminados con mercurio y ecosistemas irreversiblemente dañados. No se trata de un problema teórico ni de una exageración. Son heridas abiertas sobre el territorio nacional.
Sí es una ley procrimen cuando alrededor de la minería ilegal prosperan redes de explotación sexual y prostitución infantil. Durante años las autoridades han documentado cómo en diversos campamentos mineros operan mafias que lucran con la vulnerabilidad de menores de edad y mujeres. Pretender que una cosa no tiene relación con la otra es simplemente cerrar los ojos ante la realidad.
Sí es una ley procrimen cuando favorece la aparición de poderes paralelos que desafían al Estado. Allí donde la minería ilegal se consolida, muchas veces las fuerzas del orden dejan de ser la máxima autoridad. Surgen organizaciones que controlan territorios, imponen reglas propias, intimidan a la población y enfrentan a las instituciones legítimas de la República. Eso no fortalece la democracia; la debilita.
Sí es una ley procrimen cuando miles de trabajadores son sometidos a condiciones inhumanas de explotación. Jornadas extenuantes, ausencia de derechos laborales, inseguridad permanente y situaciones cercanas a la esclavitud moderna forman parte de una realidad que muchos prefieren ignorar porque resulta incómoda para sus discursos.
Por eso el debate no puede centrarse únicamente en el nombre de una ley o en los argumentos jurídicos que se utilicen para defenderla. El verdadero juicio debe hacerse sobre sus consecuencias. Y cuando las consecuencias favorecen actividades que destruyen el ambiente, alimentan mafias, explotan personas y erosionan la autoridad del Estado, resulta imposible sostener seriamente que no existe un problema. Los políticos tienen derecho a defender sus decisiones.
Lo que no tienen derecho es a pedirle al país que ignore la evidencia. La minería ilegal se ha convertido en una de las mayores amenazas para el Perú contemporáneo. Cualquier norma que la fortalezca, la proteja o le permita prolongar su existencia termina beneficiando, directa o indirectamente, a las organizaciones que viven de ella.
Y cuando una ley beneficia a estructuras que operan al margen de la estructura legal, destruyen recursos naturales, explotan seres humanos y desafían al Estado, la discusión deja de ser semántica. Se convierte en una cuestión moral. Y allí las cosas son mucho más simples de lo que algunos políticos quisieran admitir.
