Especialista en seguridad alerta que la criminalidad se está apoderando frontera con Ecuador y que muestra de ello es el asesinato del alcalde del distrito piurano Veintiséis de Octubre.
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Las organizaciones criminales son altamente estructuradas y combina la violencia extrema, la extorsión económica y el camuflaje legal”
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El analista en seguridad y control de riesgos, Pedro Yaranga, alertó a las autoridades que la criminalidad se está apoderando del control de la frontera con Ecuador, y que muestra de ello es el asesinato con armas de fuego del alcalde del distrito piurano Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.
El especialista recordó que las autoridades señalan que las bandas criminales en el distrito Veintiséis de Octubre y las de construcción civil en Piura, operan bajo un modelo de crimen organizado altamente estructurado que combina la violencia extrema, la extorsión económica y el camuflaje legal, dijo al comentar el asesinato del alcalde.
El especialista rescribió en su cuenta electrónica personal que el objetivo de estas bandas es monopolizar los ingresos generados por la inversión pública y privada en la región Piura.
En un breve recuento histórico de cómo operan estas organizaciones criminales, Yaranga señaló que conforme transcurren los años, estas bandas han dejado de estar conformadas por simples delincuentes comunes , “para convertirse en redes complejas que atacan sistemáticamente el sector inmobiliario y de infraestructura”.
Una de esas modalidades –explicó- son los pseudos sindicatos de construcción civil que utilizan identidades falsas o personas con antecedentes delictivos; para luego exigir posibles “derechos laborales” de manera legítima.
Igualmente exigen a las empresas constructoras el control de un porcentaje de las plazas laborales del proyecto, para luego imponer el ingreso de delincuentes a las obras, es decir, trabajadores fantasmas, personas que nunca asisten a la obra pero que cobran un sueldo completo y que va directamente a las manos de los cabecillas de la mafia.
Otra modalidad es exigir a ingenieros y contratistas un pago obligatorio que los delincuentes denominan “seguro contra todo riesgo” que podría oscilar entre el 1% y el 5% del valor total de la obra.
Si el empresario se niega a cumplir con esta exigencia, los delincuentes sabotean la maquinaria, paralizan la obra por la fuerza o asaltan los campamentos.
En cuanto a la infiltración en el aparato público, en algunos informes de la Policía Nacional -agrega- se revela que las bandas criminales más sofisticadas compran información o asocian a las bandas a malos funcionarios públicos, entre estos a policías corruptos.
La información que les brindan los funcionarios públicos o policías corruptos cooptados, les permite conocer que obras publicas van a licitarse, los montos de inversión asignados por el municipio a fin de –bajo amenaza- “brindar” y contar ellos mismos con protección e impunidad legal.
