PJ DECLARÓ IMPROCEDENTE HABEAS CORPUS PARA ANULAR ALLANAMIENTO A CASA DE BOLUARTE

abogado Marco Riveros Ramos presentó el sábado un recurso de apelación contra la sentencia del magistrado Juan Carlos Núñez Matos con el fin de que sea revisada por una sala constitucional de Lima.

El juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos desestimó así el recurso interpuesto por el abogado Marco Riveros Ramos a favor de la mandataria contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por una supuesta vulneración del derecho a contar con un fiscal competente y a un debido proceso garantizado.

El magistrado emitió esta sentencia luego que la presidenta Dina Boluarte no cumpliera con el requerimiento que este le hizo para que legalizara su firma ante el especialista a cargo de dicha labor o a través de un notario público en el documento que envió su defensa legal, mediante el cual desautoriza el habeas corpus presentado por el abogado.

El letrado señaló en su demanda que el actual fiscal de la Nación no ha juramentado ante la presidenta de la República, como lo establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que refirió que se trata de un fiscal «deslegitimado»;y por ende, todas las actuaciones procesales realizadas hasta la fecha para investigar a la mandataria son nulas.

También sostuvo que quien ha ejecutado el allanamiento al domicilio de la jefa del Estado no fue el fiscal de la Nación, por lo que ha trasgredido el debido proceso en la vertiente de legalidad procesal, y que además se ha iniciado un proceso penal contra la mandataria sin que se haya realizado una denuncia ante el Congreso de la República violentando el debido proceso.

no corresponde realizar el control constitucional de las actuaciones de los fiscales

 

Para el caso, el juez Núñez Matos precisó que, los fiscales en la medida en que son titulares de la acción penal pública, pueden ejercitarla de oficio o a petición de parte, representando el interés público de la ciudadanía en la búsqueda de justicia.

«Dentro de la actuación en búsqueda de tal fin, se encuentra la diligencia de allanamiento, a fin de localizar posibles objetos o restos delictivos«, precisó el magistrado en su sentencia emitida el último 17 de abril.

En ese sentido, resaltó que las medidas que restringen o limitan la libertad individual corresponden a los jueces, por lo que los actos del Ministerio Público no suponen una incidencia negativa directa y concreta en la libertad personal y mucho menos una amenaza hacia ella.

«Por ello no corresponde realizar el control constitucional de las actuaciones de los fiscales a través de un proceso de habeas corpus pues la pretensión demandada no forma parte del contenido constitucionalmente protegido por la tutela procesal efectiva», dice el documento.