¿POR QUÉ LA INFORMALIDAD SIGUE SIENDO UN PROBLEMA ESTRUCTURAL EN PERÚ?
A consecuencia de la la pandemia del Covid-19, la informalidad en las micro y pequeñas empresas del país se incrementó notoriamente. Solo entre los años 2019 y 2021, ésta pasó de un 72.6% a un 78.1% de acuerdo con cifras oficiales.
el empleo informal involucra aproximadamente a tres de cada cuatro peruanos dentro de la PEA ocupada
El mayor problema reside en que la alta tasa de informalidad existente en un país tan emprendedor como Perú, es origen de una serie de problemas que se traducen principalmente en la poca posibilidad que tienen las personas que dependen de la actividad que realizan las mypes, de acceder al trabajo decente.
En efecto, una investigación realizada por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) con la asistencia técnica de La Oficina de Actividades para los Empleadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), demostró que al 2019, solo el 25% de la PEA ocupada contaba con un seguro de salud y mucho menos aportaba para su jubilación. A esta situación se añadió el aumento de la tasa de desempleo impulsada por la pandemia.
“El mercado laboral peruano representa un reto para los trabajadores, ya que la informalidad, la segmentación y la baja productividad no son sinónimo de oportunidades. Sin embargo, esta situación es aún más adversa para los grupos vulnerables dentro de los cuales se incluye a las mujeres y los jóvenes”, se indica en Documento de incidencias del sector empresarial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco de la agenda 2030.
Partiendo de esa premisa, se advierte que Perú es considerado como uno de los países de la región con mayor tasa de informalidad. “Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el empleo informal involucra aproximadamente a tres de cada cuatro peruanos dentro de la PEA ocupada”, se precisa.
El referido diagnóstico de la realidad peruana, demuestra también que al 2019, la informalidad existente en Huancavelica alcanzó el 92%. Mientras que, en Cajamarca, esta llegaba al 88% de la PEA.
Fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) consultadas por PQS, precisaron que en los últimos años, la situación de informalidad registradas en ambas regiones se han mantenido.
La explicación de ello- de acuerdo con diversos operadores económicos- reside en que ninguna de las medidas adoptadas por el Gobierno ni las leyes emitidas por el Congreso de la República han logrado revertir las condiciones de informalidad en la que se encuentran numerosas pymes.
LOS LIMITANTES
Pero ¿cuál es la causa por la que muchos micro y pequeños empresarios del país no optan por la formalización? El estudio de Confiep y la OIT reveló que uno de esos factores es la excesiva burocracia estatal.
“La evidencia empírica sugiere que las empresas informales no transitarán a la formalidad con estrictos marcos regulatorios y que estos pueden ser contraproducentes para reducir los niveles de informalidad (Baksi y Bose 2016; Ram et al., 2019)”, se añade.
Así, la investigación establece que “los efectos contraproducentes” de la regulación se generan desde el mismo momento en que una empresa se constituye y contrata trabajadores.
Una de las causas se refiere a la complejidad del sistema tributario peruano con la coexistencia de cuatro regímenes (Único Simplificado, Especial del Impuesto a la Renta, MYPE tributario y Régimen General).
“Todos ellos representan diferentes tasas impositivas y distintos niveles de exigencia en cuanto a su administración. De esta forma, las diferencias en la complejidad y la flexibilidad del sistema terminan estableciendo incentivos para que las empresas que están en sus primeras etapas de crecimiento, tiendan a evitar crecer o se atomicen”, se indica.
Otro factor limitante para la formalización son los elevados costos y los reducidos beneficios que este proceso implica. Al respecto, se advierte que el Perú es uno de los países con los costos laborales no salariales más altos de América Latina y el Caribe; específicamente en lo que respecta a la indemnización por despido que representa el 11% del salario promedio.
“En comparación con los países de la región y de la Alianza del Pacífico, en el Perú es más difícil contratar y despedir. Estas restricciones al despido y los costos de las indemnizaciones pueden ser las causas de las contrataciones a plazo fijo en sus diferentes modalidades”, se advierte.
A ello se añade la poca fiscalización laboral y la equivocada orientación de la misma que no siempre “se enfoca en los segmentos de mayor informalidad”, se precisa.
LA POCA PRODUCTIVIDAD
Un tercer problema identificado que frena la formalización es la heterogeneidad productividad. “Esto implica que haya estratos productivos claramente diferenciados según su productividad, y que el patrón de crecimiento y acumulación tienda a aglutinar el empleo en los de más baja productividad”.
También se establece que la estructura empresarial peruana no ha presentado cambios sustanciales desde el 2018 por lo que se considera a las Mypes como el estrato empresarial que representa la participación más alta con el 99.5%.
“Esto evidencia el estancamiento de la productividad: pocas empresas pequeñas y medianas, poco crecimiento (en tamaño) de las microempresas y mala asignación de factores”, se precisa tras indicarse que toda esta situación genera el bajo rendimiento de los salarios y la existencia de las pésimas brechas salariales.
Otros limitantes que frenan el acceso a la formalización son la educación de la oferta laboral que se evidencian en la incompatibilidad existente entre la formación recibida por los jóvenes y las demandas del mercado, indica la investigación.
LAS POLÍTICAS
Frente al problema de la informalidad, se proponen una serie de políticas que incluyen una reforma educativa profunda que incluya la secundaria técnica descentralizada y la generación de mecanismos para articular la oferta de trabajo y la demanda laboral.
De igual manera se plantea la modernización del sistema de fiscalización de Sunafil que permita el acompañamiento a las empresas a fin de potenciar su capacidad para que accedan a la formalización.
“Generar un plan de reorientación del enfoque de la Sunafil de uno punitivo y supervisor a uno proactivo y formalizador. Ello implica concentrar los esfuerzos en fiscalizar empresas que operan en los bolsones de informalidad”, se advierte.
De igual manera, se plantea revisar la normativa laboral para la adecuación de un régimen flexible para las empresas, trabajadores y sectores, entre otras propuestas.